Mas allá de las tareas de investigación de un delito, el proceso luego de la imposición de una pena tiene continuidad en el control del cumplimiento de la misma, y con ese objetivo trabajan quienes integran el área de ejecución de la pena, que se ocupa de lo que sería la última parte del procedimiento penal.
Hoy este sector del Ministerio Público Fiscal cuenta con el desempeño de la funcionaria de fiscalía Marcela Guillén, que cumple tareas desde 2013, a quien acompaña la funcionaria Verónica Fabbris desde octubre de 2024 y colaboran administrativamente Damián Flores y Juan Derín. En la supervisión general del área actúa la fiscal general Griselda Encina. El trabajo que llevan adelante se da en el marco de la Ley 24660 que rige la pena privativa de la libertad de las personas condenadas y hay determinados decretos que reglamentan algunos puntos de esa norma ampliando sus considerandos.
En consecuencia, el área de ejecución ejerce a partir de una sentencia condenatoria firme y esto refiere tanto a penas de efectivo cumplimiento como también aquellas que son dictadas en suspenso, controlándose la obligatoriedad de las pautas que se imponen.
En la práctica, una vez que se determina la condena, se forma un incidente basado en el cómputo de pena, donde se establece la fecha en que se completa la misma, se fija la mitad y las fechas en que podría salir en libertad condicional o en caso de ser reincidentes poder hacerlo bajo el régimen de libertad asistida. Durante todo este camino, se va siguiendo el desenvolvimiento del condenado con las actividades que realiza en pos de su resocialización, lo que se verifica en audiencias.
En tal sentido, la doctora Guillén manifiesta que el trabajo se lleva adelante desde el inicio de la condena hasta el agotamiento de la pena, con las etapas que median: salidas transitorias, régimen de semi libertad para trabajar y también la evaluación acerca de casos donde podría corresponder el arresto domiciliario. Pero además, se ocupan de algunas situaciones por pedidos de hábeas corpus o peticiones que necesiten intervención judicial, todo lo que se expone en audiencias con el debate entre las partes y las decisiones de los jueces pertinentes.
Se da el caso de las condenas de ejecución condicional en que se supervisa el cumplimiento de las pautas impuestas, donde en algunas oportunidades se generan audiencias ante el incumplimiento, por lo que habitualmente en casos de este tipo conlleva a la revocación y pasan a ser penas de efectivo cumplimiento. Asimismo cuando el condenado sale en libertad condicional se efectúa el seguimiento para el control respectivo de las pautas asumidas hasta el agotamiento de la pena.
Lejos de limitarse a lo ya expuesto, la labor del área de ejecución se amplía en el trabajo administrativo y jurídico que se desarrolla por escrito, ya que incesantemente se deben contestar vistas de parte de Jueces, por ejemplo entre otros temas referidos a cuestiones que se relacionan con el carácter de estímulos principalmente educativos a partir de solicitudes del condenado a través de su defensa, lo que queda a decisión del magistrado, mas allá de los informes que se puedan brindar desde el sector.
Por otro lado, en relación a los menores, se supervisa el cumplimiento de pautas de conducta hasta la mayoría de edad, momento en que se determina si se impone pena o no, todo de acuerdo al accionar que ha mostrado en el proceso. Además, a partir del próximo 2 de febrero también se harán cargo del seguimiento de los involucrados en suspensiones de juicios a prueba.
Visto este panorama y observando el trabajo que llevan adelante, quienes integran el área de ejecución de la pena del Ministerio Público Fiscal tiene a su cargo en la actualidad el control de 190 condenados con prisión de efectivo cumplimiento, más 33 en libertad condicional y 233 con penas de ejecución condicional o en suspenso, además de nueve menores con medidas y pautas de conducta, lo que hace un total de 465 personas con diversas imposiciones en la jurisdicción correspondiente al Ministerio Público Fiscal de Trelew.
Tanto la doctora Marcela Guillén como la funcionaria Verónica Fabbris manifestaron lo arduo de la tarea en la que hoy se encuentran, estando a cargo cada una de ellas con cerca de 232 controles al día de hoy, con los obstáculos lógicos que se observan por ejemplo en la falta de herramientas estatales y otros, aunque destacan el apego y la dedicación con que asumen el rol que hoy les toca, junto a los restantes integrantes del área. Cabe destacar que también desde esta oficina se colabora en la realización de los turnos del Ministerio Público Fiscal y en la evacuación de consultas útiles para investigación y finalización de otras causas.
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