En un movimiento que ha generado amplio debate en los círculos políticos y jurídicos, el gobernador de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres, ha firmado el decreto que convoca a un referéndum popular el próximo 26 de octubre, con el objetivo de eliminar los fueros de inmunidad para diversas figuras públicas en la provincia.
La medida, que busca modificar dos artículos de la Constitución provincial, afectaría a gobernadores, vicegobernadores, legisladores, jueces, magistrados, ministros e incluso sindicalistas.
"Chubut será la primera provincia de la Argentina en la que no habrá ciudadanos 'de primera' o de 'segunda', sino que todos vamos a ser iguales ante la ley", aseguró el mandatario, buscando posicionar su iniciativa como un pilar de la transparencia y la equidad ante la justicia. La votación se realizará de manera conjunta con los comicios generales para la elección de diputados nacionales, en un intento por reducir los costos logísticos.
Sin embargo, la retórica de igualdad ante la ley esconde una complejidad que no puede ser ignorada. La eliminación de los fueros, concebidos originalmente como una salvaguarda institucional, genera serias dudas sobre la verdadera intención detrás de esta reforma. Es fundamental recordar que los fueros de inmunidad no fueron creados como privilegios para evadir la justicia, sino como una herramienta esencial para proteger a los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Su objetivo principal es blindar a quienes detentan cargos de poder de posibles persecuciones políticas o denuncias infundadas, permitiéndoles así investigar y denunciar irregularidades sin temor a represalias o a ser blanco de causas judiciales fabricadas.
En un contexto donde la denuncia de la corrupción y las malas prácticas es más necesaria que nunca, cabe preguntarse si la eliminación total de los fueros no busca, paradójicamente, silenciar a aquellos que pudieran atreverse a señalar hechos ilícitos.
La posibilidad de que un funcionario, legislador o magistrado sea denunciado y sometido a un proceso judicial, incluso por acusaciones sin fundamento, podría generar un efecto amedrentador. ¿Quién se atrevería a investigar o a hablar si sabe que su patrimonio y su libertad pueden ser puestos en riesgo por el simple hecho de cumplir con su deber de denunciar?
La propuesta del gobernador Torres, si bien atractiva en su simplificación de la "igualdad ante la ley", parece obviar el rol crucial que los fueros desempeñan en la protección de la función pública y la independencia de poderes. Lejos de ser un "privilegio" para "esconderse detrás", como sugiere el mandatario, los fueros son un mecanismo diseñado para garantizar que los funcionarios puedan actuar con libertad y autonomía, sin la espada de Damocles de denuncias maliciosas pendiendo sobre sus cabezas.
El rol crítico de los legisladores en jaque
No hay que olvidar que, entre las figuras afectadas por esta propuesta, se encuentran los legisladores, quienes tienen una responsabilidad indelegable: controlar y denunciar los desvíos del Poder Ejecutivo y de la Justicia. Sobre sus espaldas recae, además, el deber de sustanciar los cruciales juicios políticos.
Sin embargo, se produce una paradoja fundamental: a diferencia de otros poderes, los legisladores no cuentan con el mando directo sobre las fuerzas de seguridad, que dependen del Ejecutivo, ni con la autonomía coercitiva de un Poder Judicial. Por lo tanto, un poder legislativo sin fueros se convierte en un poder sin mando ni protección real para desempeñar una labor tan trascendental. La ausencia de esta herramienta de resguardo podría, en la práctica, debilitar drásticamente la capacidad de fiscalización y contrapeso del Poder Legislativo, dejando a sus miembros expuestos y, potencialmente, inhibidos a la hora de cumplir con su mandato constitucional de control.
La historia de nuestro país y de la región está plagada de ejemplos donde la ausencia de estas protecciones ha derivado en la persecución política y el debilitamiento de las instituciones. Por ello, la afirmación de Torres de que "la ley será igual para todos" debe ser analizada con lupa. Si bien la intención declarada es loable, el riesgo real es que esta medida termine por desalentar las denuncias de irregularidades, consolidando un esquema donde el poder real permanezca incuestionable.
Más allá de la convocatoria a elegir consejeros de la Magistratura populares y la invitación al Municipio de Sarmiento a elegir concejales, el foco central de esta reforma constitucional recae en los fueros. La ciudadanía chubutense tendrá el desafío de discernir si la eliminación propuesta por el gobernador Torres representa un genuino avance hacia una provincia más transparente o, por el contrario, un paso hacia la autocensura de quienes tienen la responsabilidad de controlar y denunciar.
Dejanos tu comentario
Su comentario estará disponible a la brevedad.