La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo cosechó 132 votos afirmativos, 105 negativos y 4 abstenciones. De convertirse en ley, las localidades incorporadas en 2021 perderán el beneficio generalizado, el cual quedará estrictamente limitado a los sectores de mayor vulnerabilidad socioeconómica. El proyecto pasa ahora al Senado.
En una sesión marcada por la paridad y la tensión política, el oficialismo de La Libertad Avanza consiguió darle media sanción en la Cámara de Diputados al proyecto de ley denominado "Medidas Energéticas".
El eje central de la propuesta radica en una profunda reforma al Régimen de Zona Fría, orientada a recortar los subsidios generales al gas residencial y avanzar hacia un esquema de asistencia focalizada, en consonancia con las metas de equilibrio fiscal y uso eficiente de los recursos públicos promovidas por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN).
Para alcanzar los 132 votos favorables, la bancada oficialista contó con el respaldo del Pro, la Unión Cívica Radical (UCR), Innovación Federal (Misiones), Producción y Trabajo (San Juan) y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). En la vereda opuesta, el rechazo acumuló 105 voluntades integradas por el bloque de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, y legisladores de Encuentro Federal y Provincias Unidas, sumado a 4 abstenciones. La votación en particular se realizó por capítulos, ratificando el texto oficial sin fisuras en su articulado.
El fin de la ampliación de 2021 y el nuevo esquema de subsidios
El propósito central de la normativa es desmantelar la estructura implementada en 2021 bajo la Ley N° 27.637 (impulsada en su momento por Máximo Kirchner), la cual había extendido el beneficio tarifario de Zona Fría a diversas localidades de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja.
De obtener la sanción definitiva en la Cámara Alta, el nuevo marco legal operará de la siguiente manera:
Zonas originarias: La Patagonia, el departamento de Malargüe (Mendoza) y la región de la Puna mantendrán de manera plena los subsidios al consumo residencial de gas natural y gas propano por redes, reconociendo su condición climática extrema e histórica.
Zonas incorporadas en 2021: Para el resto de las regiones añadidas en la ampliación de 2021, el beneficio generalizado quedará derogado. La bonificación en la tarifa se restringirá exclusivamente a los hogares de menores ingresos que se encuentren registrados en el sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), un régimen creado por decreto a finales de 2025.
Según los lineamientos del proyecto defendido en comisiones por la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, para acceder al beneficio en las zonas restringidas las familias deberán registrar ingresos netos iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT), o bien ser beneficiarias de programas específicos como el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) o pensiones de veteranos de Malvinas.
Asimismo, se introdujo una modificación técnica clave: el subsidio dejará de aplicarse sobre el costo total de la factura y se calculará únicamente sobre el precio del componente gas, excluyendo los costos de transporte y distribución, lo que impactará directamente en los montos finales a pagar por los usuarios que mantengan la asistencia.
Financiación, mercado eléctrico e hidrocarburos
Aunque el Régimen de Zona Fría continuará financiándose mediante el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas (el cual se nutre de un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas natural), el proyecto faculta al Poder Ejecutivo a incrementar o reducir dicho recargo en hasta un 50%, otorgándole un amplio margen de discrecionalidad en la administración de los recursos.
Por otra parte, la iniciativa contempla medidas adicionales de relevancia macroeconómica:
Regularización de deudas con CAMMESA: Se autoriza a la Subsecretaría de Energía Eléctrica a aplicar créditos para cancelar obligaciones de las distribuidoras eléctricas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), condicionado a que las empresas desistan de reclamos judiciales o administrativos contra el Estado Nacional.
Derogación de incentivos: Se eliminan diversos regímenes de promoción y beneficios fiscales vigentes para el sector de hidrocarburos.
Energías renovables: Como contraparte, se dispone la prórroga del régimen de incentivos para el desarrollo de energías renovables hasta el año 2045.
Cruces y argumentos en el recinto
El debate reflejó la profunda polarización en torno a la política tarifaria y el rol del Estado. Al abrir el tratamiento como miembro informante y presidente de la Comisión de Energía, el diputado oficialista Facundo Correa Llano (LLA - Mendoza) cuestionó duramente la gestión energética previa, calificándola de "populismo tarifario".
"Durante años la política argentina se construyó sobre subsidios indiscriminados y distorsiones. Eso nos llevó a confundir sensibilidad social con desorden y subsidios con privilegios. Focalizar no es ajustar; es garantizar que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan", argumentó Correa Llano, enfatizando que el rumbo actual busca el equilibrio fiscal y la previsibilidad para la inversión privada.
En una línea similar, Laura Rodríguez Machado (Pro) defendió la reforma sosteniendo que se está "desarmando una bomba que dejó el kirchnerismo" y acusó a la oposición de haber utilizado la Ley de Zona Fría con fines estrictamente electorales en regiones que no presentaban emergencias climáticas justificables.
Desde la oposición, los discursos manifestaron una honda preocupación por el impacto social de la medida en las clases medias y trabajadoras frente a los próximos meses de invierno. La diputada fueguina Andrea Freites (UxP) rechazó de plano los argumentos fiscales: "Esta ley es soberanía y federalismo real. No hay derecho a exigir un certificado de pobreza para vivir con algo que es vital donde tenemos temperaturas bajo cero".
Por su parte, Esteban Paulón (Provincias Unidas) apuntó contra las prioridades de la gestión nacional, denunciando que "sí hay plata para compensar en varios billones de pesos a las distribuidoras, pero no para los jubilados o las universidades", y advirtió que los incrementos en las facturas de gas resultarán "impagables para millones de argentinos".
A su turno, el jefe del bloque peronista, Germán Martínez, reivindicó la vigencia y ampliación del fondo fiduciario original e instó a sostener un plan federal de infraestructura energética en lugar de contraer los derechos de consumo de las provincias.
Tras la aprobación en la Cámara Baja, el proyecto fue girado al Senado de la Nación, donde el oficialismo deberá articular nuevas alianzas para convertir en ley una reforma que redefine sustancialmente el mapa de los subsidios energéticos en el país.
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