La Cámara de Diputados de la Nación arrancó este miércoles una jornada parlamentaria marcada por la alta tensión y la confrontación política. Con un quórum ajustado de 129 legisladores logrado a las 10:22 de la mañana, el oficialismo y los bloques aliados consiguieron dar inicio a la sesión que tiene como principales ejes el debate de la denominada “Ley Hojarasca” —el proyecto impulsado por el ministro Federico Sturzenegger para derogar decenas de leyes vigentes— y, fundamentalmente, la reforma y el recorte del Régimen de Zona Fría.
Mientras la oposición intentaba forzar un cuarto intermedio para exigir el tratamiento de su propio temario, el oficialismo avanzó decidido con una agenda acotada que pone bajo la lupa los subsidios energéticos. La reforma del esquema implementado por la Ley 27.637 busca desmantelar la ampliación de beneficios de tarifa de gas sancionada en 2021, limitando el amparo pleno solo a la Patagonia, Malargüe y la Puna.
Para el resto de las regiones del país previamente incorporadas —que abarcan numerosas localidades de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luis, Salta, Jujuy y La Rioja—, el beneficio quedaría estrictamente condicionado, eliminando el carácter universal del subsidio residencial.
Un atentado contra la dignidad y los derechos fundamentales
Detrás de las frías discusiones de comisiones y los acuerdos de pasillo —en los que el oficialismo negoció apoyos mediante compensaciones eléctricas estivales para el norte del país— se esconde una realidad social apremiante. La potencial eliminación o restricción drástica de los beneficios de Zona Fría se presenta como una decisión alarmante, con consecuencias devastadoras que golpearán directamente el bolsillo y la subsistencia de millones de familias argentinas.
La gravedad de la medida se potencia al confluir con la actual temporada de otoño-invierno. Con temperaturas en franco descenso, el gas deja de ser un servicio opcional para convertirse en un recurso de supervivencia elemental.
En las regiones afectadas, los costos de calefacción sin el amparo del subsidio se volverán sencillamente impagables para la clase media, los trabajadores y los sectores más vulnerables.
Privar a la población de un acceso justo a la energía en los meses más crudos del año no representa un mero ordenamiento macroeconómico; constituye un flagrante atentado a la dignidad humana, a los derechos adquiridos y al derecho básico a la vida y a la salud.
Obligar a los ciudadanos a elegir entre alimentarse o prender la estufa expone a la sociedad a un desamparo extremo que profundiza la vulnerabilidad sanitaria y habitacional de todo el entramado federal. Mientras el Congreso debate tecnicismos legislativos, la realidad extramuros anticipa un invierno crudísimo y desprotegido.
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