El Presidente tiene como prioridad establecer un marco legal y normativo para la desregulación de la economía.
El presidente analiza establecer por decreto el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y las modificaciones en la regulación de la explotación de hidrocarburos, que se encuentra en el capítulo VI (Energía).
En la Casa Rosada reconocen que la medida podría implicar intervenciones judiciales, pero sostienen que “de alguna forma hay que darle lugar a las inversiones”. Mantienen que la reglamentación de un piso del Impuesto a las Ganancias especial para las provincias patagónicas también podría tener complicaciones legales.
El RIGI propone beneficios tributarios y cambiarios para empresas que estén dispuestas a invertir un mínimo de U$S200 millones. Tiene un plazo de adhesión de dos años -con posibilidad de ampliación de un año- y ofrece una alícuota del 25% de Ganancias.
Incluye, además, la exención de derechos de importación para consumo de mercaderías -lo que constituya bienes de capital, repuestos, partes y componentes- y los de exportación luego de tres años transcurridos desde la adhesión al régimen.
Otro de los beneficios es que las empresas no estarían obligadas a ingresar o liquidar divisas en el mercado de cambios luego de un plazo de tres años.
El capítulo de hidrocarburos propone que el Gobierno no pueda intervenir o fijar precios de comercialización en el mercado interno y busca establecer que los concesionarios puedan exportar libremente, sujeto a la no objeción de la secretaría de Energía.
Impulsa además que los titulares de permisos de exploración paguen anualmente y por adelantado un canon por cada kilómetro cuadrado, tomando como referencia el precio promedio del barril de petróleo basado en la cotización del ‘ICE Brent Primera Línea’.
El Ejecutivo no logra destrabar las negociaciones para conseguir el dictamen de comisión y posterga el tratamiento de los proyectos en el recinto de la Cámara Alta. Se respaldan en que la distribución de integrantes no los favorece para firmar las reformas.
En la mesa chica del Gobierno aseguran que están abiertos al diálogo con los bloques aliados y que están dispuestos a realizar más modificaciones en la Ley Bases, pero rechazan “vaciarla de contenido”. Es por eso que comienza a circular por la Casa Rosada la posibilidad de tomar una posición similar a la de la caída de la Ley Ómnibus en febrero.
“Si no quieren aprobar las leyes, vamos a gobernar con lo que tenemos hasta 2025. No es lo que queremos, pero lo deciden los senadores. Vamos a ver quiénes renuevan banca en 2025″, expresó a TN un funcionario.
Fuente TN
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