Tras sufrir varios reveses en el ámbito judicial y luego de haber llevado sus reclamos ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, la Confederación General del Trabajo (CGT) abrió un debate interno para redefinir su plan de acción contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. Entre las principales alternativas en análisis, la central obrera evalúa implementar un esquema de protestas escalonadas y paros sectoriales alternados, alejándose —por el momento— de la convocatoria inmediata a una nueva huelga general.
La conducción sindical tiene previsto poner en marcha una ronda de encuentros que se extenderá durante las próximas dos semanas. Las deliberaciones comenzarán formalmente este miércoles, con reuniones en las que participarán distintas confederaciones vinculadas a sectores estratégicos como la industria, el transporte, los puertos, la alimentación y los medios de comunicación. En estos primeros encuentros se abordará el impacto político y jurídico de la reglamentación de la reforma laboral.
Posteriormente, el debate se trasladará la semana próxima al Consejo Directivo de la central, el órgano encargado de ratificar el rumbo de las medidas de fuerza.
Diferencias tácticas y el espejo del modelo francés
La posibilidad de avanzar con protestas distribuidas a lo largo de una semana busca sostener la presión sobre la Casa Rosada de manera prolongada sin el desgaste o las limitaciones que, según los sectores moderados de la conducción, podría tener un paro general en este contexto. La estrategia emula el esquema de huelgas intermitentes aplicado en Francia durante las protestas contra la reforma jubilatoria de Emmanuel Macron.
Sin embargo, esta táctica no genera consenso unánime y expone las diferencias de criterio en el seno de la CGT. El ala más dura de la central, donde se posicionan gremios como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), La Fraternidad y Gastronómicos, presiona activamente para convocar a un paro general de 36 horas.
Por otra parte, la implementación de paros sectoriales escalonados enfrenta desafíos legales y operativos. Al tratarse de conflictos por rama de actividad, el Poder Ejecutivo mantiene la facultad de dictar la conciliación obligatoria para frenar las medidas.
Asimismo, la reciente reglamentación amplió el universo de servicios considerados "esenciales" o de "importancia trascendental", lo que obliga a las organizaciones sindicales a garantizar coberturas mínimas de prestación, limitando el alcance práctico de las protestas.
La vía judicial e internacional
Respecto al frente legal, los dirigentes gremiales evaluaron de forma positiva las gestiones realizadas en Suiza, señalando que la OIT reconoció los planteos argentinos sobre las modificaciones en las normativas laborales.
No obstante, ante la pérdida de dinamismo de la estrategia judicial conjunta, la central obrera prevé modificar su abordaje en los tribunales locales. En lugar de presentaciones institucionales unificadas a nombre de la CGT, la nueva directiva apunta a que cada sindicato promueva de forma individual sus propios pedidos de medidas cautelares contra el decreto y la reglamentación oficial.
Conferencia de los sectores duros
Como antesala de las reuniones de la conducción, los sectores más confrontativos de la central concretarán una acción pública. Pablo Moyano encabezará una conferencia de prensa junto a Julio Sosa, integrante de la conducción de La Fraternidad y directivo de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF).
La actividad se desarrollará en el contexto de un encuentro internacional de dirigentes ferroviarios y centrará su agenda en el análisis del financiamiento del sector, el deterioro social y las sanciones aplicadas a los gremios del transporte tras las últimas medidas de fuerza.
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