Un fallo contundente del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín asestó un duro golpe a la política de ajuste del gobierno de Javier Milei.
La jueza Martina Forns dictó una medida cautelar que suspende por seis meses el decreto que ordenaba la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), dejando en evidencia la insensibilidad de un Poder Ejecutivo que avanza con su agenda sin considerar el impacto real en la vida de los ciudadanos y el funcionamiento del Estado.
La decisión judicial, a la que tuvo acceso TN, prohíbe al gobierno ejecutar cualquier acto administrativo derivado del decreto 461/2025, lo que incluye reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas a Vialidad Nacional. Esta medida representa un freno significativo a la ola de despidos y reestructuraciones que caracterizan la gestión de Milei, quien parece priorizar la reducción del gasto público por encima de la estabilidad laboral y la operatividad de organismos esenciales.
Un golpe a los derechos laborales y la institucionalidad
La jueza Forns fue clara al remarcar que Vialidad Nacional es una “entidad autárquica de derecho público” con personalidad para actuar tanto en el ámbito privado como público. Además, subrayó que la relación laboral de su personal se rige por la Ley de Contrato de Trabajo, un detalle que el decreto presidencial pareció obviar por completo.
En su dictamen, Forns sostuvo que el decreto emitido por el gobierno “vulnera de forma manifiesta el principio de estabilidad, así como los derechos laborales y sindicales reconocidos a los trabajadores estatales”. La magistrada enfatizó que la medida presidencial los sustrae de la protección de las Convenciones Colectivas de Trabajo y “interfiere arbitrariamente en cuestiones que, por su naturaleza, deben resolverse en el marco de la negociación colectiva y de los regímenes estatutarios respectivos”.
La demanda que dio origen a este fallo fue presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA), que argumentó que entre las facultades delegadas otorgadas al gobierno no se encontraba la potestad de avanzar con el cierre de la DNV. Esta acción judicial desnuda la ligereza con la que el Ejecutivo ha tomado decisiones de alto impacto, ignorando los marcos legales existentes y los derechos laborales consagrados.
El decreto cuestionado, el 480/2025, no solo establecía la disolución de Vialidad, sino también de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial. Según el texto publicado en el Boletín Oficial, y firmado por el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el objetivo era “centralizar competencias, reducir estructuras y redefinir responsabilidades” bajo la órbita del Ministerio de Economía.
Sin embargo, el accionar judicial sugiere que esta “centralización” y “reducción” se está llevando a cabo sin el debido respeto por las normativas y los derechos de los trabajadores.
Este revés legal pone de manifiesto una preocupante desconexión entre el gobierno de Milei y la realidad de los organismos estatales y sus empleados. Mientras el presidente insiste en una agenda de ajuste que parece ajena a las necesidades y derechos de la gente, la justicia interviene para recordar que el Estado de derecho y los derechos laborales siguen vigentes. La pregunta que surge es: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno en su afán de "reformar" el Estado, y a qué costo para los ciudadanos?
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