• Jueves, 13 de Junio de 2024

En medio de la tensión con los movimientos sociales, el Gobierno estudia dar un bono para los beneficiarios del Potenciar Trabajo


  • Lunes, 12 de Diciembre de 2022

Alberto Fernández analiza la medida junto a Sergio Massa y Victoria Tolosa Paz. Podría ser de $15.000, pero aún no fue confirmado el valor



El Gobierno estudia otorgar un bono de fin de año a los beneficiarios del Potenciar Trabajo. Son más de 1.300.000 personas. Es una de las demandas de los movimientos sociales oficialistas para evitar piquetes, movilizaciones y mesas en la calle el 24 de diciembre a la noche rememorando la “Navidad de los pobres” que en 2018 realizaron contra el gobierno de Mauricio Macri. El valor estimado sería de $15.000, pero aun no fue confirmado y es evaluado en la Casa Rosada por Alberto Fernández, el ministro de Economía, Sergio Massa, y su par de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz.

Hasta ahora, sólo estaba asegurado el pago del complemento de ingresos -o bono contra la indigencia- de 24.500 pesos en diciembre, destinado al sector más vulnerable de la población.

Funcionarios de la cartera de Tolosa Paz le aseguraron a Infobae que el anuncio del bono sería en los próximos días. El jefe del Palacio de Hacienda ajusta los números para definir la cifra final y evitar así un desajuste en los balances y compromisos tomados con el Fondo Monetario Internacional.

Si bien el bono no tiene el carácter del aguinaldo que en público le solicitaron a las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional los dirigentes del Movimiento Evita, Gildo Honorato y Esteban “Gringo” Castro, la cifra se asemeja a la mitad del beneficio que reciben por mes los titulares del Potenciar Trabajo. que es el 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil.

Castro además es el secretario general de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la organización que agrupa a la mayoría de los movimientos sociales oficialistas.

El no “desenganchar” ese programa del Salario Mínimo Vital y Móvil es otro de los reclamos de las organizaciones que abrevan en el Frente de Todos, como el Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie, el Movimiento de Trabajadores Excluidos y el Frente Popular Darío Santillán, entre otros.

La ministra se preocupó de aclarar en las ultimas horas que ese tema nunca fue evaluado por el Gobierno y mucho menos por su cartera. Sin embrago, la versión surgió de encumbrados funcionarios de la Casa Rosada.

Si bien trascendió que el monto del Potenciar Trabajo seguiría siendo el 50% por ciento de un salario mínimo y que el gobierno iba a pagar un bono de fin de año a los trabajadores del programa Potenciar Trabajo, después de dos semanas de protestas por las bajas y ajustes a los programas sociales, desde el entorno de Tolosa Paz aseguraron que “la medida está en estudio” y que la ministra “nunca la confirmó”.

Desde el ministerio de Economía también confirmaron a este medio que el bono es una posibilidad que se está trabajando y evaluando. Esta ayuda también es exigida por la Unidad Piquetera, cuyos dirigentes se reunirán hoy para evaluar si continúan esta semana con medidas de fuerza. Afirman que desde Desarrollo Social aún no les entregaron el refuerzo alimentario ni las máquinas y herramientas para los emprendimientos productivos.

La semana pasada, a través de una asamblea abierta realizada en el Obelisco, las organizaciones sociales oficialistas votaron, por primera vez desde que Fernández llegó a la presidencia, un plan de lucha contra los ajustes a los planes, sobre todo al Potenciar Trabajo. También reclaman que se normalice la entrega de alimentos para los comedores y merenderos populares, un bono de fin de año, una canasta navideña y, entre otros pedidos, que los titulares del Potenciar Trabajo sigan cobrando la mitad del salario mínimo por 4 horas de labor.

Hace siete días Tolosa Paz anunció otras veinte mil bajas a ese programa social porque el Banco Central detectó que esos beneficiarios compraron dólares con tarjeta de crédito. La AFIP, tal como reveló este medio, había establecido que más de 250.000 titulares de ese programa recibían el beneficio por parte del Estado de manera presuntamente irregular porque tendrían incompatibilidades.

El fiscal federal Guillermo Marijuán imputó a la ministra por presunto mal desempeño, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos por no haber dado de baja de manera automática a esas personas.

 

Fuente: Infobae

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