Lo que no es “defaulteable” es el salario de los trabajadores: no pago e investigación de la deuda en Chubut

La advertencia directa al gobernador Arcioni por parte del estudio Latham&Watkins, que representa a un porcentaje de los capitalistas acreedores de la fraudulenta deuda pública de Chubut, nos debe permitir a las y los trabajadores sacar conclusiones políticas de fondo y trazar un rumbo de acción. Porque la única idea que se le parece caer al gobernador y a su equipo para pilotear la tormenta es continuar endeudando a la provincia a corto plazo en pesos y a tasas siderales para cubrir los gastos corrientes, como muestra la última emisión de letras por 800 millones de pesos, autorizada por el gobierno nacional.

Tanto la salida que propone el gobierno provincial, con un hasta ahora fallido mega-paquete de ajuste, con epicentro en los estatales y docentes, como señal de confianza y “equilibrio fiscal” a los acreedores, en pos de una posterior propuesta de reestructuración (el suave “reperfilamiento” del que tanto se habla), parece haber recibido una bofetada por parte de estos bonistas. Incluso, según ha confesado públicamente el mismo ministro Antonena, si lograran diferir todas las obligaciones por pagos de servicio de deuda, el déficit provincial sería de unos 13.000 millones de pesos, poco más de cuatro masas salariales. Como se ve, el brutal ajuste que Arcioni quiere aplicar, o el “ordenamiento de las cuentas públicas” a pedido del mismísimo ministro Martín Guzmán a condición de nuevos salvatajes, tiene como único objetivo emprender una reestructuración por el momento rechazada por una parte considerable de los bonistas. Una vía muerta. Y hay que decirlo un camino señalado como única salida a la crisis provincial tanto por Carlos Linares (FPV) como por Gustavo Menna (Cambiemos) durante las elecciones provinciales, salvo el Frente de Izquierda Unidad, que propuso el no pago e investigación de la deuda. El devenir de la crisis provincial y la misma lucha de clases ha puesto en caja a los verdaderos “utópicos”.

Si se observa la cuestión desde el punto de vista de los bonistas, que pobres… no entienden “la supuesta necesidad de reperfilar los Títulos de deuda de 2026 (…) La liquidez generada por la Garantía continúa respaldando cómodamente el servicio de deuda de los Títulos de Deuda”, porque no entienden ni les interesan las condiciones de vida de los y las trabajadores chubutenses, la salida sugerida sobre el final del artículo publicado en el portal EconoJournal (fuertemente ligado a capitales petroleros) tampoco es viable: “ni utilizando todas las regalías petroleras se llegaría a cumplir con los compromisos de deuda que debe afrontar Chubut”.

Podemos observar como tanto el gobierno de Arcioni como los acreedores de la deuda apuntan hacia un mismo sentido: el default cada vez mayor del salario y los derechos de la clase trabajadora. Mientras que la habilitación de la megaminería contaminante como (falsa) solución a todos los problemas permanece cajoneada producto de la rebelión mendocina y las fuertes movilizaciones del #NoEsNo en Chubut.

¿Y qué pito toca el gobierno nacional de Alberto Fernández en todo esto? Muchas veces, desde el año pasado, hemos señalado desde el Partido Obrero y el Frente de Izquierda Unidad que Chubut “spoileaba” la realidad nacional. Efectivamente, han bastado 60 días de gobierno del Frente de Todos para deducir qué intereses se defienden. La eliminación de la movilidad jubilatoria, el planteo de sumas fijas para las paritarias y la eliminación de las cláusulas gatillo, así como la gira de Fernández con lo más granado de los líderes imperialistas, sugieren fuertemente que todas las medidas tomadas hasta ahora están diseñadas bajo la órbita de las exigencias del FMI y los acreedores privados de la deuda externa, es decir, una legitimación del mega-endeudamiento del gobierno de Macri (y aquel que el mismo kirchnerismo protagonizó, Club de París, por ejemplo), que tanto denunciaron cuando fueron oposición los últimos cuatro años. Todos los caminos conducen al FMI.

Incluso el mismo gobernador Kicillof emuló a su par Arcioni al otro día de pagarle en dólares a los acreedores del fondo Fidelity (los Latham and Watkins de la provincia de Buenos Aires): pospuso el retroactivo sobre el sueldo de diciembre y el aguinaldo. Pagó 15 mil millones de pesos a los capitales especulativos y negó 500 millones a los y las docentes.

El 4 de agosto de 2019 publiqué un artículo llamado “No hay excusas: es la deuda”, en respuesta a toda una línea argumentativa sostenida desde Pablo Das Neves (quien escribió por esos días “La excusa de la deuda”) a Gabriela Dufour, que colocaban como origen fundamental de la crisis provincial abstracciones como “la mala administración de los recursos”, los “errores de cálculo”, “el gran crecimiento de la masa salarial”, etc.

En el artículo señalado explicábamos que el bono Bocade de 650 millones de dólares (que nadie sabe a ciencia cierta a dónde fueron parar) se contrajo entre el gobierno provincial que emitió los bonos, los fondos de inversión y un fideicomiso del Deutsche Bank. Los ingresos por regalías que pagan los vencimientos de capital e intereses ni siquiera pasan por la “caja” de la provincia, se “debitan automáticamente” al fideicomiso y de allí cobran los acreedores. Es decir que la riqueza petrolera en Chubut viaja de la boca del pozo a los acreedores de la deuda pública en dólares: un “calce” capitalista perfecto. Salvo por un par de detalles: que los ingresos por regalías petroleras están atados a variables que el gobierno provincial no controla: el precio internacional del barril (atado a los vaivenes de la crisis capitalista mundial), el volumen de producción de las operadoras (privadas en su mayoría) y el valor del tipo de cambio (a mayor devaluación, mayores ingresos en pesos y viceversa).

Nuestro programa es claro: no pago e investigación de la deuda pública provincial, nacionalización integral de los recursos naturales (con el petróleo y el gas en manos de las y los trabajadores se corta por lo sano el negocio de la “petro-deuda”) y en este punto señalamos el límite del planteo de la Mesa de Unidad Sindical, que propone un proyecto de ley de “impuestos extraordinarios” para las operadoras, pesqueras, Aluar y terratenientes. Una salida válida, los impuestos a los grandes capitales, pero una que ni la legislatura provincial anterior se prestó a discutir en su versión devaluada, ni que esta discutirá, por el condicionamiento político de los legisladores a los partidos patronales, el mismo que las direcciones sindicales de la CGT y las CTA han mostrado y muestran en Chubut, en primer lugar frente al “Hay 2019” y ahora al Pacto Social albertista. Y de fondo, una modificación impositiva en los hechos no significa más que la “renegociación” del régimen de saqueo que históricamente persiste en Chubut, sin remover el problema de raíz. Lo “extraordinario” debiera ser esta persistencia, no el pago de más impuestos por parte de los capitalistas.

El planteo programático del no pago e investigación de la deuda provincial, fuertemente militado por el Partido Obrero y el Frente de Izquierd Unidad en las elecciones provinciales, las nacionales y durante los intensos procesos huelguísticos del 2018 y el 2019, se muestra en este punto como una campaña de movilización política y lucha directa contra el Estado, los capitalistas y los partidos patronales de Chubut (si los Arcioni, Sastre, Maderna, los referentes del Frente de Todos y los cómplices de Juntos por el Cambio no pueden (y no lo harán) dar solución a las reivindicaciones más inmediatas, como el salario, las jubilaciones y la infraestructura, todo este régimen corrupto se tiene que ir por medio de la movilización popular. Un Congreso provincial de delegados de base de todos los sindicatos tiene que votar un plan de lucha y discutir una salida propia a la crisis.

Acá o se paga y se defiende una deuda ilegítima o cobran los estatales, los docentes y los jubilados. Este 12 de febrero el Partido Obrero en el Frente de Izquierda- Unidad se movilizará en todo el país y también en Chubut, para repudiar el pago de la deuda y la visita del FMI a la Argentina.