En la Casa Rosada apuestan a desarmar el bloque de mandatarios para negociar con cada provincia por separado, y se rehúsan a poner en agenda el concepto “compensación”.
En paralelo al inicio del desembarco de gobernadores en la Corte nacional (este lunes sería el turno de unos nueve) en rechazo al paquete de medidas post PASO de Mauricio Macri que les achica la coparticipación, la Casa Rosada disparará esta semana una grilla de reuniones bilaterales con las 19 provincias que protagonizan la embestida, en busca de intentar apaciguar la catarata de reclamos.
Desde despachos nacionales aseguraron a Ambito Financiero que el objetivo es “consensuar el verdadero costo fiscal neto” de los anuncios presidenciales, para “evaluar las propuestas” elevadas la semana pasada por las provincias y ver su “viabilidad”, en referencia a la doble cumbre el pasado miércoles de 19 gobernadores y de ministros de Economía.
Estratégicos, en la Casa Rosada apuestan a desarmar el bloque de mandatarios para negociar con cada provincia por separado, y se rehúsan a poner en agenda el concepto “compensación”.
Esa palabra brotó de mandatarios y ministros, con la mirada puesta en recibir una asistencia extra de al menos $ 30 mil millones (se habló de ATN, Asistencias del Tesoro y reparto de retenciones, entre otros ejes) para paliar los recortes de coparticipación. Legisladores PJ, en sintonía, presentaron un proyecto para que Nación compense a las provincias con $ 40 mil millones en ATN.
Con ese telón de fondo, arrancará por estas horas el desfile de 19 ministros de Economía provinciales (peronistas y afines) por Balcarce 50, con dos anfitriones a los que le espera una dura tarea: Alejandro Caldarelli y Paulino Caballero, del área de Provincias del Ministerio del Interior. Por ahora, aparece más preservado el titular de Hacienda, Hernán Lacunza, que mostró los dientes frente a los planteos de los gobernadores.
“Cada provincia tiene su particularidad; pocas están con problemas de pago de sueldos y muchas están con mayor holgura”, marcan la cancha en la previa desde filas del Gobierno nacional. E insisten en que Macri lanzó medidas “de contención social” y que el Gobierno financia “el 50%”, en referencia al combo de suba del piso de Ganancias, cambios en monotributo y autónomos, y quita del IVA a alimentos de la canasta básica, que reduce las remesas de coparticipación a las provincias.
El telón de fondo es belicoso: un primer ramillete de gobernadores -serían al final 9- concretará una primera andanada de presentaciones ante la Corte Suprema en pos de que declare la inconstitucionalidad de los dos decretos de Macri que contuvieron las medidas. En ese primer lote militan, entre otros, el socialista santafesino Miguel Lifschitz y el justicialista salteño -y candidato a vicepresidente de Roberto Lavagna-, Juan Manuel Urtubey.
“Más allá de la justicia o no de la medida, el Gobierno lo tiene que hacer con sus recursos y no con los que no le son propios, y eso es lo que les estamos diciendo las provincias”, remarcó Urtubey.
Otros mandatarios, en cambio, no concretarán la presentación hoy, pero sí en las próximas horas.
Serán presentaciones de tipo individual, pero con un blindaje conjunto. Por eso este lunes se reunirán a las 9 los Fiscales de Estado de las provincias en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) en tierra porteña para intercambiar demandas y argumentos y -según pudo saber este diario- apostar a “textos análogos”.
Este domingo había varios borradores de presentaciones en juego, que serán analizados en esa cumbre, de adn peronista y afines (asistirían los fiscales de, al menos, Salta, Tucumán, Entre Ríos, Chaco, Formosa, Tierra del Fuego, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz). Al menos 9 de esas presentaciones recalarían luego, hoy mismo, en la Corte.
Todas las embestidas provinciales coinciden en pedir la inconstitucionalidad de los dos decretos de Macri que definieron los anuncios, porque -afirman- afectan la masa coparticipable. En esa línea, remarcan que toda legislación sobre la coparticipación forma parte del “derecho intrafederal”, y requiere -para concretar cambios- de leyes o de leyes convenio, con intervención del Congreso, de Legislaturas y de Pactos Fiscales. “Una parte no puede ejercer modificaciones unilaterales porque afecta la coparticipación”, dicen.
Fuente: Ámbito Financiero
Otras provincias, en cambio, están poniendo un pie en el freno en materia de tiempos de judicialización, a la espera de si avanza una resolución de tipo político. Por estas horas, por caso, no se ven aprestos judiciales inmediatos, por caso, en la poderosa Córdoba que comanda el peronista Juan Schiaretti.
Avanza, por ahora con menos visibilidad, otra embestida: en medio de la ola judicializadora, el peronista tucumano Juan Manzur se sumó al lote de 6 provincias -Catamarca, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Formosa, Chubut y Santiago del Estero- que ya litigan en la Corte contra la eliminación del Fondo Sojero (decretada en 2018 por Macri), y otros seguirán ese camino, como el entrerriano justicialista Gustavo Bordet.
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