La Secretaría de Trabajo iniciará una convocatoria en los próximos días para rediscutir los acuerdos caídos tras el fin de la ultraactividad. Los gremios rechazan la medida y advierten por un nuevo paro general.
El Gobierno nacional se prepara para dar un paso determinante en la implementación de la reforma laboral establecida por la Ley de Modernización Laboral (N° 27.802). Tras la reciente oficialización de su reglamentación a través del Decreto 407/2026, el Poder Ejecutivo activó el reloj reglamentario que le otorga a la Secretaría de Trabajo un plazo de 30 días para convocar a sindicatos y cámaras empresariales con el objetivo de rediscutir los convenios colectivos de trabajo que se encuentren vencidos.
Según pudo saber TN, la convocatoria se iniciará en los próximos días y alcanzará a más de 100 acuerdos colectivos que quedaron sin vigencia expresa o cuyas cláusulas terminaron debido al fin de la ultraactividad. Desde la perspectiva oficial, estas normativas —muchas de ellas heredadas de la década de 1970— resultan obsoletas ante las transformaciones tecnológicas y las dinámicas de la producción moderna.
El ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, celebró públicamente el alcance de la reglamentación y remarcó que las nuevas directrices buscan “fomentar la libertad sindical y defender el trabajo formal”. Bajo la premisa de “representación sindical sí, monopolios eternos no”, el Ejecutivo busca abrir las puertas a una flexibilización en la organización de las jornadas y nuevas dinámicas de contratación.
Tensión en puerta y rechazo sindical
La iniciativa, sin embargo, reabrió un foco de alta conflictividad con las centrales obreras. Los diferentes gremios ya expresaron su rotundo rechazo al llamado oficial, argumentando que la revisión de estos convenios bajo el nuevo marco legal apunta directo a una “pérdida de derechos adquiridos” y a profundizar la flexibilización laboral.
Frente a este escenario, los sectores sindicales más combativos adelantaron que recurrirán a nuevas presentaciones ante la Justicia para intentar frenar la aplicación del decreto.
Asimismo, advirtieron que, de avanzar las intimaciones para modificar los esquemas tradicionales de sus actividades, evaluarían la convocatoria a un nuevo paro general como medida de fuerza.
El nuevo escenario para gremios y empresas
El Decreto 407/2026 no solo introduce la obligatoriedad de revisar los convenios caídos, sino que reconfigura las reglas de juego dentro de las empresas y organizaciones:
Personería gremial: Las organizaciones sindicales que aspiren a desplazar a otra entidad en su ámbito de representación deberán certificar que superan por al menos un 5% de afiliados cotizantes a la organización preexistente.
Horas gremiales: Se introduce la exigencia de notificar su uso con un mínimo de 48 horas de anticipación. Además, se restringe su acumulación para evitar que se afecte el funcionamiento de sectores considerados críticos dentro de los establecimientos.
Digitalización y transparencia fiscal: La registración laboral migrará de forma definitiva a los sistemas de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), eliminando la obligatoriedad de los tradicionales libros físicos o digitales locales.
A su vez, los recibos de sueldo pasarán a un modelo transparente donde los empleadores deberán desglosar de manera obligatoria el costo laboral total, explicitando el salario bruto, el neto y las contribuciones patronales a su cargo. Mientras el sector corporativo evalúa las ventajas de una mayor predictibilidad de costos y esquemas horarios más laxos (como los bancos de horas), la Secretaría de Trabajo se alista para una negociación sector por sector. El resultado de este inédito llamado cruzará los intereses de actividades con relaciones tradicionalmente aceitadas frente a aquellos nichos donde el mapa gremial promete dar una batalla prolongada.
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