En una medida que promete generar un intenso debate legislativo y social, el Gobierno Nacional ingresó a la Cámara de Senadores el proyecto de ley titulado “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”.
La iniciativa busca reestructurar el sistema de asignaciones y controles, estableciendo un censo mandatorio para todos los beneficiarios actuales y eliminando diversas compatibilidades vigentes.
Reempadronamiento bajo advertencia de suspensión
El eje central de la propuesta es la obligatoriedad de un reempadronamiento en un plazo máximo de 90 días.
Durante este proceso, los titulares de pensiones por invalidez deberán acreditar nuevamente su condición médica, antecedentes laborales y situación socioeconómica. Según el texto oficial, el incumplimiento de este trámite derivará en la suspensión automática del beneficio.
Para reforzar el control, el proyecto faculta al Estado a realizar cruces de información masivos entre organismos como ANSES, ARCA (ex AFIP) y el SINTyS, con el fin de detectar inconsistencias en tiempo real.
Incompatibilidad con el trabajo formal y recorte de adicionales
Uno de los puntos más polémicos es el regreso a un esquema de incompatibilidad estricta.
De aprobarse la ley, las personas con discapacidad no podrán mantener su pensión si acceden a un empleo formal registrado.
El argumento oficial se centra en que el beneficio debe ser exclusivo para quienes presenten una "invalidez laboral total".
Asimismo, el proyecto introduce cambios en la composición de los haberes:
Monto fijo: La pensión no contributiva se establece en el 70% del haber mínimo jubilatorio.
Eliminación de suplementos: Se quita la facultad del Ejecutivo para otorgar incrementos adicionales por zonas desfavorables o grados específicos de invalidez.
Ajuste de aranceles: Se elimina el nomenclador que fija aranceles universales para prestadores, abriendo la puerta a convenios individuales entre jurisdicciones y modificando la actualización automática por IPC que regía anteriormente.
Justificación oficial y contexto
Desde el Ministerio de Salud, cartera que impulsó el proyecto, sostienen que estas modificaciones son necesarias para garantizar la transparencia del sistema y asegurar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan, bajo la premisa de "déficit cero" y lucha contra el fraude.
Por su parte, organizaciones de la sociedad civil y prestadores de servicios de discapacidad ya han manifestado su preocupación, alertando que la eliminación de beneficios y la restricción al empleo registrado podrían vulnerar derechos adquiridos y profundizar la exclusión de uno de los sectores más sensibles de la población.
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