La localidad chubutense de Camarones atraviesa una fuerte preocupación en torno al suministro de agua, una problemática histórica que nunca fue resuelta.
Esta situación, que mantiene a la población bajo un régimen de cortes programados, ha cobrado una nueva dimensión política y social tras el inicio de la prospección de merluza. En este contexto, un grupo de vecinos autoconvocados elevó una nota formal al municipio denunciando que la prioridad del recurso parece estar volcándose hacia el sector industrial, mientras los hogares reciben un servicio que califican de "dudosa salubridad" y cantidad insuficiente.
El acceso al agua en Camarones no es un derecho garantizado, sino un ejercicio de paciencia y subsistencia diaria. Actualmente, el suministro se divide de forma binaria: una mitad del pueblo recibe agua por la mañana y la otra por la tarde, generalmente en bloques de cuatro horas que rara vez se cumplen con precisión.
"A veces uno quiere utilizar agua y las canillas responden con aire", relata una vecina nacida y criada en la localidad. Esta irregularidad golpea especialmente a las familias numerosas y a los sectores más vulnerables que no cuentan con infraestructura de acopio propia.
La brecha social se profundiza con la gestión de la crisis. Mientras los sectores con mayores recursos económicos pueden costear entregas extra o comprar agua mineral, el barrio Islas Blancas depende de un camión cisterna municipal que entrega una cuota fija de 1.000 litros semanales —aunque en la práctica llegan a 2.000— mediante transporte no habilitado para consumo humano. Lorenzo Gimenez, referente local, advierte que la comunicación oficial es "escasa y unilateral", limitándose a difundir mejoras que no se traducen en la realidad de las canillas.
El peso de la actividad pesquera: ¿Desarrollo o incremento del problema?
La industria pesquera es, históricamente, el mayor consumidor de agua dulce en la región. Con el inicio de la prospección de merluza, la preocupación de la comunidad radica en la enorme demanda que las plantas de procesamiento imponen sobre las napas freáticas. Según datos a los que accedió Gimenez en 2022, el consumo combinado del puerto y las plantas equivalía a la mitad de todo el volumen bombeado desde los acuíferos de la zona.
Este uso intensivo ocurre mientras los vecinos denuncian una falta de control sobre los grandes consumidores. "Se sabe que el trabajo de las plantas pide mucha agua", señala la vecina consultada, agregando que existe el temor fundado de que el suministro domiciliario se restrinja aún más para abastecer la producción industrial. A este impacto se suma la problemática ambiental de los efluentes: una de las plantas opera dentro del ejido municipal, generando molestias constantes a los residentes debido a un tratamiento inadecuado de sus residuos.
La opacidad de los datos y el riesgo sanitario
Uno de los puntos más críticos del reclamo vecinal es la incertidumbre sobre la potabilidad del agua. El sistema se alimenta de dos fuentes subterráneas: la napa de La Lochiel, bajo sospecha de altos niveles de arsénico, y la de Paso de Piedras, con indicios de salinidad elevada. A pesar de los pedidos de acceso a la información pública amparados por la ley I-156, el Ejecutivo local se ha negado sistemáticamente a publicar los resultados de los análisis de calidad.
"Sospechamos que el agua NO es potable", afirma Gimenez, quien destaca que la Municipalidad ha ignorado las notas presentadas solicitando participación ciudadana en la gestión del recurso, tal como lo prevé la Ley de Política Hídrica N° 88.
El factor miedo y la urgencia de una gestión participativa
La crisis hídrica de Camarones es, en última instancia, una crisis de gestión. Lorenzo Giménez sostiene que el problema es multifactorial: desde el cambio climático que reduce la recarga de las napas, hasta una red de cañerías obsoleta con pérdidas masivas y una falta total de sensibilización sobre el consumo responsable. "La Municipalidad misma no está dando ningún buen ejemplo; no acopian agua de lluvia ni usan riego por goteo en espacios verdes", critica.
La nota presentada por los vecinos autoconvocados busca romper la inercia. La demanda es transparencia en la calidad del agua, control efectivo sobre el uso industrial de las pesqueras y la creación de una comisión participativa que permita a los ciudadanos decidir sobre un recurso que es sinónimo de supervivencia en cualquier parte del mundo.
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