En una sesión maratónica y no exenta de controversias reglamentarias, el Senado convirtió en ley el proyecto de Modernización Laboral. Con el respaldo de un capital político acumulado desde octubre, el Gobierno de Javier Milei logra imponer un esquema que reduce costos de despido, elimina estatutos históricos y flexibiliza la jornada laboral.
A las 22:35 de este viernes, el Congreso de la Nación terminó de sellar lo que el oficialismo califica como un "éxito legislativo" y gran parte de la oposición describe como un retroceso en los derechos adquiridos. Con 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones, La Libertad Avanza se alzó con la Ley de Modernización Laboral, la séptima gran victoria normativa de un período extraordinario que ha dejado en claro la "musculatura política" del Ejecutivo tras el ciclo electoral de 2025.
La jornada en el Senado comenzó con la aprobación de la Ley Penal Juvenil, otro pilar de la agenda oficialista, pero el plato fuerte fue la reforma laboral.
El debate estuvo marcado por una encerrona reglamentaria: debido a las modificaciones previas en Diputados, los senadores se vieron obligados a votar por la aceptación de los cambios o la insistencia en el texto original.
Esta imposibilidad de rechazar el proyecto de plano generó fuertes cruces. Mientras la vicepresidenta Victoria Villarruel defendía la legalidad del procedimiento bajo el artículo 81° de la Constitución, senadores como José Mayans y Fernando Salino denunciaban una falta de opciones reales para manifestar su rechazo total a una norma que consideran perjudicial.
Un nuevo paradigma: Menos protección, más discrecionalidad
El corazón de la nueva ley altera sensiblemente la relación entre empleado y empleador. Uno de los puntos más sensibles es la modificación de la base de cálculo para las indemnizaciones por despido sin causa. A partir de ahora, se excluirán del cómputo el aguinaldo, los premios y cualquier otro adicional, limitándose estrictamente a la "mejor remuneración mensual, normal y habitual". Si bien se establece un criterio de actualización por IPC + 3% anual, el recorte en los conceptos que integran la indemnización supone un abaratamiento directo del costo de despido para las empresas.
Otro eje central es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema de capitalización obligatoria destinado a cubrir las desvinculaciones. Aunque el radicalismo logró diferenciar los aportes (1% para grandes empresas y 2,5% para PyMEs), el sistema traslada la lógica de la previsibilidad empresarial por encima de la estabilidad del trabajador.
La reforma también introduce el polémico "banco de horas". Este mecanismo permite pactar cambios en el horario laboral que ya no se cobrarán como horas extra, sino que se compensarán con días de descanso. Esta medida, presentada como una herramienta de flexibilidad, ha despertado dudas razonables sobre la capacidad de negociación real del empleado frente a las necesidades operativas de la patronal.
El fin de los estatutos y la justicia nacional
La ley no solo cambia el "cómo" se trabaja, sino también el "quién" protege al trabajador. Se ha dispuesto un plazo de un año (hasta el 1º de enero de 2027) para la derogación de diversos estatutos profesionales, entre ellos el del periodista, lo que deja a miles de trabajadores bajo el régimen general, eliminando protecciones específicas de cada actividad. Asimismo, se incluye el traspaso de la justicia laboral del ámbito nacional a la Ciudad de Buenos Aires, un movimiento que muchos interpretan como un intento de desmantelar un fuero que el oficialismo percibe como un obstáculo para sus reformas.
Por otro lado, la normativa valida el esquema de los trabajadores de aplicaciones de reparto (como Rappi), fijando estándares que, según las empresas del sector, otorgan "claridad", pero que para los gremios no hacen más que legalizar la precariedad laboral bajo el rótulo de la modernidad.
El discurso del domingo
Este paquete de leyes será el eje central del discurso que Javier Milei brindará este domingo ante la Asamblea Legislativa para inaugurar el 145° período ordinario. Allí, el Presidente reforzará su narrativa como "el reformista más grande de la historia", exhibiendo estos cambios como la prueba de una transformación irreversible.
Sin embargo, detrás de la euforia oficialista por la eficacia parlamentaria, subyace una realidad inquietante para el asalariado. Con vacaciones que ahora podrán fraccionarse en bloques mínimos de siete días y un esquema de incentivos a la inversión (RIMI) que prioriza la tecnología y la producción real, la pregunta que queda sin responder es si este nuevo marco legal generará empleo de calidad o si simplemente ha institucionalizado un endurecimiento de las condiciones de vida de quienes, día a día, sostienen el sistema productivo del país.
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