Con una votación dividida, los representantes de la provincia en la Cámara Alta fijaron posición sobre la baja de la edad de imputabilidad a 14 años. Cristina y Terenzi acompañaron el proyecto oficialista, mientras que Linares votó en contra.
La sanción definitiva del nuevo Régimen Penal Juvenil en el Senado de la Nación no solo marcó un hito legislativo a nivel país, sino que también dejó en evidencia las dos visiones contrapuestas que conviven en la representación política de la provincia de Chubut.
En una sesión que se extendió hasta pasadas las 18:00, la Cámara Alta aprobó por 44 votos a favor y 27 en contra la normativa que reemplaza a la ley vigente desde 1980. En ese esquema, los senadores chubutenses jugaron un rol activo en la configuración de la mayoría que permitió la baja de la edad de imputabilidad a 14 años.
El mapa del voto chubutense
La votación de los legisladores provinciales reflejó la alineación con sus respectivos bloques y visiones sobre la seguridad ciudadana. Andrea Cristina y Edith Terenzi (Votos Afirmativos), ambas senadoras acompañaron la iniciativa impulsada por el Ejecutivo nacional. Su postura se fundamentó en la necesidad de actualizar un régimen "obsoleto" y brindar herramientas procesales que permitan abordar el delito adolescente con medidas que combinan la responsabilidad penal con programas educativos y de inserción.
Carlos Linares (Voto Negativo). El senador del bloque opositor mantuvo su rechazo al proyecto, argumentando —en línea con su bancada— que la baja de la edad de imputabilidad no resuelve el problema de fondo de la inseguridad y que el Estado debería priorizar políticas de contención social previas al sistema penal.
Impacto de la nueva normativa en la región
Para Chubut, la implementación de esta ley (que entrará en vigencia en 180 días) implicará un desafío logístico y presupuestario.
La norma establece que los menores de edad: No podrán ser alojados con adultos en establecimientos penitenciarios, deberán contar con institutos especializados de detención o secciones separadas y tendrán acceso a la figura del "supervisor", quien monitoreará las medidas socioeducativas en el territorio.
Con este resultado, el oficialismo nacional logra destrabar una discusión que llevaba décadas en los cajones del Congreso, contando con el respaldo de dos de las tres bancas chubutenses en el Senado, lo que garantiza un cambio de paradigma en el tratamiento de la minoridad en conflicto con la ley penal en todo el territorio provincial.
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