En una sesión maratónica, la Cámara Alta convirtió en ley la reforma que reemplaza a la normativa vigente desde 1980. El oficialismo logró destrabar un debate que llevaba décadas postergado en el Congreso.
En lo que representa un giro estructural en la política de seguridad y justicia de la Argentina, la Cámara de Senadores de la Nación convirtió en ley este viernes el nuevo Régimen Penal Juvenil. El punto más trascendente de la norma es la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, modificando una legislación que permanecía inalterada desde la última dictadura militar.
La sesión concluyó pasadas las 18:00 horas tras un extenso debate que reflejó las profundas divisiones sobre el tratamiento del delito adolescente. El proyecto fue aprobado con 44 votos afirmativos, 27 en contra y 1 abstención, consolidando el éxito legislativo del oficialismo libertario, que logró lo que administraciones anteriores —desde el retorno de la democracia— no pudieron concretar.
Los ejes centrales de la nueva ley
El texto, que ya contaba con la sanción de Diputados desde mediados de febrero, no solo se centra en la edad de imputabilidad, sino que establece un sistema integral de justicia para menores. Entre sus puntos clave se destacan:
Para delitos con penas de hasta 3 años, y aquellos de 3 a 10 años que no incluyan muerte o lesiones graves, se priorizarán programas educativos, laborales y recreativos antes de recurrir a la cárcel.
Se establecen tres niveles de privación de la libertad: domicilio, institutos abiertos o institutos especializados. La norma es taxativa al prohibir que los menores compartan espacios con adultos en establecimientos penitenciarios.
La nueva ley prohíbe explícitamente la prisión perpetua para menores. Además, se habilita al juez a sustituir el encierro por otras medidas una vez cumplidos los dos tercios de la condena.
Se incorpora la mediación penal para delitos con penas máximas de hasta 6 años y la suspensión del proceso a prueba ("probation") con foco en la reparación del daño.
Un cambio de paradigma tras 46 años
La norma derogada databa de 1980 y había sido objeto de críticas por parte de organismos internacionales y especialistas por su carácter tutelar y discrecional. Aunque en 2009 el Senado había dado una media sanción para reformarla, el proyecto nunca prosperó en la Cámara de Diputados.
Con la sanción de hoy, se introduce también la figura del "supervisor", encargado de monitorear el cumplimiento de las medidas socioeducativas, y se establecen principios estrictos de salud y asistencia para los jóvenes en conflicto con la ley.
Vigencia
Según lo establecido en el articulado, la nueva ley entrará en vigencia a los 180 días de su publicación en el Boletín Oficial, período en el cual el Ejecutivo y las provincias deberán adecuar sus estructuras para la implementación del nuevo sistema.
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