En una jornada marcada por el autoritarismo, 12 activistas de Greenpeace fueron arrestados mientras realizaban una intervención pacífica en defensa de las reservas de agua dulce. La Policía Federal también detuvo a un trabajador de prensa, en un claro intento de silenciar el reclamo contra una reforma de ley regresiva e inconstitucional.
La democracia argentina vivió esta mañana un capítulo preocupante en las escalinatas del Congreso de la Nación. Mientras el Senado se dispone a debatir una reforma que amenaza con desmantelar la protección de nuestros glaciares, la respuesta del Estado ante el reclamo ciudadano no fue el diálogo, sino el gas pimienta y las esposas.
Una protesta simbólica por la vida
Bajo la consigna “No se caguen en el agua”, activistas de Greenpeace —en su mayoría mujeres— llevaron adelante una acción directa y pacífica para alertar sobre el peligro inminente que corre la Ley 26.639. Vestidos como legisladores y sentados sobre inodoros que simbolizaban el desprecio por la normativa vigente, los defensores del ambiente buscaron interpelar a los senadores que, puertas adentro, evalúan ceder ante las presiones del lobby minero.
La intervención duró apenas minutos. Efectivos de la Policía Federal irrumpieron violentamente, deteniendo a 12 militantes que solo buscaban proteger las fuentes de agua de las que dependen millones de argentinos.
Ataque a la libertad de expresión
La escalada represiva no se limitó a los activistas. En un hecho que despertó el repudio generalizado, la policía arrojó gas pimienta y detuvo a Facundo Tedeschini, camarógrafo de A24, mientras cumplía con su labor de informar. Las imágenes de Tedeschini en el suelo y esposado son el fiel reflejo de un operativo que Greenpeace calificó como "preocupante desde el punto de vista democrático".
¿Progreso o saqueo hídrico?
El eje del conflicto es una reforma que la organización tilda de "regresiva e inconstitucional". El oficialismo pretende redefinir los ambientes periglaciares bajo criterios arbitrarios de “aporte hídrico relevante”, una trampa técnica que dejaría miles de hectáreas desprotegidas y a merced de la explotación industrial y minera.
"Lo que los senadores decidirán hoy es si protegen las fuentes de agua o habilitan intervenciones en zonas que la ley actual resguarda", advirtió Diego Salas, director de Programas de Greenpeace. Desde la ONG denuncian que los cambios vacían de contenido una ley ejemplar a nivel mundial para favorecer inversiones extractivistas de corto plazo, comprometiendo el futuro de las próximas generaciones.
El agua no se negocia
Pese a las detenciones y el clima de hostilidad, el mensaje de los ambientalistas resuena con fuerza: los glaciares no son recursos negociables, son reservas estratégicas de vida. Mientras el Senado inicia el debate con un oficialismo que busca votos en sectores aliados, la resistencia en las calles deja claro que la protección del ambiente no se puede detener con represión.
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