Tras el asesinato de Jeremías Monzón en Santa Fe, familiares y víctimas de delitos graves impulsan un cambio en la legislación penal. El debate pone el foco en la responsabilidad penal temprana y la creación de centros de formación y reinserción.
El asesinato de Jeremías Monzón, un adolescente de 15 años, ha reactivado en la provincia de Santa Fe uno de los debates más complejos de la agenda de seguridad: la baja de la edad de imputabilidad. Bajo la consigna "Justicia Real", familiares y allegados del joven convocaron a una movilización para este viernes en Santo Tomé, exigiendo que los delitos graves cometidos por menores no queden sin consecuencias legales.
El reclamo: responsabilidad vs. venganza
El comunicado de la familia de Monzón es claro en su distinción: no se solicita una política de castigo ciego, sino una herramienta de prevención y responsabilidad. Según los organizadores, el sistema actual no ofrece protección a la sociedad ni respuestas a las víctimas de homicidios, abusos y violencia física perpetrados por menores.
"Marchamos por cada víctima olvidada y para que los responsables paguen", señalaron, subrayando que la falta de un marco legal de imputabilidad a edades más tempranas genera una percepción de impunidad que retroalimenta la criminalidad juvenil.
Modelos internacionales y resultados
En el plano global, varios países europeos mantienen edades de responsabilidad penal significativamente menores a las de la región, combinadas con sistemas de justicia especializados:
En Reino Unido la edad de responsabilidad penal se sitúa en los 10 años (en Inglaterra y Gales). En tanto en Suiza los menores pueden ser procesados a partir de los 10 años.
Francia y Alemania poseen sistemas donde, a partir de los 13 y 14 años respectivamente, se inician procesos judiciales con un fuerte enfoque en la educación correctiva.
En estos países, la baja edad no se traduce necesariamente en el encarcelamiento masivo en prisiones comunes, sino en el ingreso a sistemas de tutela judicial obligatoria que permiten al Estado intervenir antes de que la conducta delictiva se profesionalice.
La necesidad de un "nuevo sistema de reforma"
Los especialistas que apoyan esta medida sostienen que la baja de la imputabilidad debe ir acompañada obligatoriamente de una reestructuración de los lugares de alojamiento. La propuesta se centra en la creación de centros de reforma y formación profesional, diferenciados de las cárceles de adultos.
El objetivo de estos nuevos establecimientos sería doble:
Sanción efectiva para que el delito tenga una consecuencia jurídica inmediata y proporcional.
Reinserción real para evitar que el joven sea "absorbido" por el sistema criminal. Mediante talleres, educación obligatoria y asistencia psicológica, se busca que el menor pueda reinsertarse en la sociedad con herramientas laborales, evitando que al salir sea más peligroso que al ingresar.
Un llamado a la dirigencia política
La marcha -en Santa Fe- busca interpelar de manera directa a los legisladores. El argumento central de los manifestantes es que el Estado debe dejar de ser un espectador de la "minoridad" para convertirse en un actor que tutele, sancione y, finalmente, transforme la vida de aquellos jóvenes que han incurrido en delitos de extrema gravedad.
Sostener que un menor de 15 años no comprende la criminalidad de un homicidio es, en el siglo XXI, un anacronismo legal que solo alimenta la impunidad.
El pedido de la familia de Jeremías Monzón no es un grito de venganza, sino una demanda de sensatez: el Estado no puede seguir siendo un espectador pasivo de la delincuencia juvenil bajo el pretexto de la protección de derechos que, en la práctica, terminan desprotegiendo a la sociedad entera.
Bajar la edad de imputabilidad es, paradójicamente, la única forma de garantizar el derecho del joven a ser rescatado de una carrera criminal segura. Sin embargo, para que esta medida sea efectiva y no una simple "puerta giratoria" o una "academia del delito", es imperativo reemplazar los actuales institutos de menores por centros de reforma integrales.
Estos establecimientos deben operar bajo un régimen de disciplina, pero con un enfoque absoluto en la formación profesional y la nivelación educativa. Solo a través de una estructura que penalice el daño causado, pero que simultáneamente otorgue herramientas de oficio y contención psicológica, podremos asegurar que ese joven regrese a la libertad con un proyecto de vida lícito.
Si no reformamos el sistema ahora, seguiremos devolviendo a las calles individuos más peligrosos, cuando lo que la sociedad exige es justicia real y una reinserción que sea, por primera vez, efectiva.
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