En el primer Boletín Oficial del año, el Ejecutivo promulgó ambas leyes consideradas cruciales para la nueva etapa del plan oficial.
La medida se concreta tras la sanción en el Senado el pasado 26 de diciembre, donde ambas iniciativas obtuvieron 46 votos a favor, 25 en contra y una abstención.
Este Presupuesto representa el primero que Javier Milei logra aprobar en el Congreso tras dos años de gestión, marcando una hoja de ruta centrada en el equilibrio fiscal y el crecimiento económico.
Proyecciones macroeconómicas para 2026
La nueva normativa establece un marco de gastos totales por $148 billones y se apoya en los siguientes pilares:
Crecimiento del PBI: Se proyecta una suba del 5%.
Inflación: Se estima un 10,1% para todo el año.
Tipo de cambio: El valor del dólar se prevé en $1423 para diciembre de 2026.
Metas fiscales: Se contempla un superávit primario del 1,5% del PBI y un superávit financiero del 0,2%.
Comercio exterior: Se espera que las exportaciones se incrementen un 10,6%.
Distribución del gasto y administración pública
El destino de los fondos refleja una prioridad en el área social, que absorberá $106,5 billones. El resto se distribuye principalmente en deuda pública ($14,1 billones) y servicios económicos ($11,4 billones).
En cuanto a las partidas específicas, se destacan:
Salud: Incremento del 17%.
Educación: Aumento del 8% (con $4,8 billones asignados a Universidades Nacionales).
Jubilaciones: Suba del 5%.
Asimismo, el texto establece restricciones para cubrir vacantes en la administración pública, exceptuando áreas críticas como Salud, Seguridad y Defensa.
Ley de Inocencia Fiscal: incentivo al ahorro formal
De forma paralela, el Gobierno oficializó el Régimen Penal Tributario y Procedimiento Tributario, denominado Inocencia Fiscal. Esta ley busca que los contribuyentes integren al sistema bancario los "dólares del colchón" (ahorros fuera del sistema formal).
La norma se basa en la premisa de que el contribuyente es considerado cumplidor salvo prueba en contrario. Entre sus puntos destacados se encuentran:
Límite de beneficio: Permite el uso de ahorros hasta $100 millones sin sanciones.
Exclusiones: No podrán acceder quienes tengan ingresos anuales superiores a $1.000 millones, un patrimonio mayor a $10.000 millones o sean grandes contribuyentes nacionales.
Alcance: No elimina impuestos ni modifica la Ley de Prevención del Lavado de Activos ni las atribuciones de la Unidad de Información Financiera (UIF).
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