La jornada de debate se inició con el alegato de las partes, la declaración del imputado y la de la denunciante. La Fiscalía acusa a Juan Emilio Llaipén de forzar a un detenido a realizar la transferencia de una camioneta Toyota Hilux mediante intimidación dentro de la Comisaría Primera.
Ante un Tribunal compuesto por jueces técnicos y vocales legos (jueces ciudadanos), la Fiscalía abrió el debate exponiendo en su alegato de apertura los hechos que procurará probar con las declaraciones testimoniales. La acusación se centra en un abuso de poder cometido por el entonces Oficial de Policía de la provincia del Chubut, Juan Emilio Llaipén, actualmente exonerado de la institución.
La Fiscalía sostuvo que este caso demuestra cómo un funcionario, que juró proteger y servir, utilizó su autoridad y el encierro de una persona para forzarla a transferir su camioneta.
Intimidación en la celda
El hecho central, según la Fiscalía, ocurrió el 30 de mayo de 2024, entre las 14:31 y las 15:22 horas. La víctima fue un joven de 26 años que se encontraba detenido en un calabozo de la Comisaría Primera de Esquel, por un delito económico. La fiscal María Bottini resaltó que el damnificado se hallaba en la máxima situación de vulnerabilidad, bajo la custodia del Estado.
La Fiscalía acusó a Llaipén de haber ingresado a la celda, a pesar de que esta acción estaba fuera de sus funciones (su rol era administrativo, no era oficial de servicio ni encargado de detenidos), para lograr su objetivo —obligarlo a firmar el formulario de compra y venta (Formulario 08) de una camioneta Toyota Hilux—. Llaipén se sacó el arma reglamentaria a la vista de la víctima. Este accionar fue interpretado por la Fiscalía como intimidatorio.
Por otro lado, el ex oficial utilizó frases amenazantes, indicando que venía "por un pedido especial" y lo forzó a elegir: "tenés que firmar un 08, te doy dos opciones o firmás o firmás”.
De acuerdo con la acusación, Llaipén reforzó la coacción al amenazarlo: "si no lo firmás te voy a meter una paliza y te voy a mandar al pabellón 1 donde están todos”. Esta amenaza hacía referencia a ser enviado con los detenidos por delitos graves como homicidios.
Finalmente, el denunciante firmó el 08, en el calabozo, en presencia de una escribana.
Los acusadores señalaron que por este “encargo”, Llaipén recibió una transferencia de $660.000 del destinatario de la transferencia de vehículo.
La defensa sostiene que la firma fue voluntaria
Por su parte la defensa sostiene que no se cometió ningún delito. Que no hubo amenazas, sino que fue un favor a un conocido y que lo que se escuchó fueron frases dichas en lenguaje coloquial, en buenos términos. Que el detenido firmó el documento porque quiso.
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