Los gobernadores de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres ; de Mendoza, Alfredo Cornejo ; y de Santa Cruz, Claudio Vidal , se presentaron conjuntamente este lunes en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4 de Comodoro Py.
Su objetivo es constituirse como querellantes en la causa que investiga presuntas irregularidades en la compra de acciones de YPF por parte del Grupo Petersen en el año 2007. Esta movida busca modificar el rumbo del multimillonario litigio judicial que enfrenta al Estado argentino por la expropiación de la petrolera.
Las provincias productoras al frente del reclamo
La acción de los tres mandatarios provinciales responde a la necesidad de defender los intereses de las provincias productoras de petróleo, las cuales se consideran accionistas directas de YPF . El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, se erigió como la voz principal del reclamo.
"Las provincias petroleras somos accionistas de YPF y vamos a agotar todos los recursos para defender lo que nos pertenece", aseguró Torres desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El mandatario chubutense enfatizó que la participación en el proceso penal es crucial, ya que "ir contra esa operación [la compra de Petersen] podría modificar todo lo que siguió", incluyendo el reciente fallo de la jueza Loretta Preska que obliga a Argentina a pagar $16.000 millones de dólares y entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos Burford y Eton Park.
“Ante esta locura, tenemos que hacer causa común y los gobernadores nos vamos a poner al frente de esta discusión para defensor YPF y también lo que es propiedad de las provincias productoras”, sentenció Torres.
Las irregularidades bajo la lupa
El núcleo de la presentación judicial se centra en la forma en que el Grupo Petersen, liderado por Enrique Eskenazi, adquirió el 25% de las acciones de la petrolera en 2007. Según explicó Torres, el grupo Eskenazi se hizo de ese porcentaje "apalancándose financieramente en dividendos futuros y devengados", una operatoria que precede a la posterior expropiación del 51% de las acciones por parte del Estado en 2012.
Posteriormente, tras la expropiación, el Grupo Eskenazi vendió el derecho del juicio que había iniciado contra Argentina a los fondos litigantes. El gobernador subrayó que el 49% del 51% expropiado corresponde a las provincias productoras de petróleo, de ahí su interés directo en el pleito.
La doble estrategia: querella penal y "amici curiae" en Nueva York
Además de la querella penal en Comodoro Py, la provincia de Chubut, junto a sus pares, presentó un recurso de amici curiae (amigos de la corte) ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York este mismo lunes. Este movimiento busca reforzar su defensa accionaria ante el tribunal estadounidense.
Torres explicó que el fallo de la jueza Preska “no contempla que las provincias petroleras somos accionistas de YPF y que solo se puede embargar lo que le pertenece al demandado, en este caso el Estado Argentino”.
El gobernador chubutense fue más allá y advirtió sobre la posibilidad de escalar el reclamo internacionalmente. “De ser necesario, también vamos a acudir al Departamento de Justicia de Estados Unidos para que se suspenda inmediatamente la acción civil hasta tanto se resuelva la causa penal”, adelantó.
Esta ofensiva legal conjunta, liderada por Torres y secundada por Cornejo y Vidal, marca una postura firme de las provincias petroleras en defensa de sus activos y busca cambiar el curso de una disputa que podría costarle millas de millones de dólares al país.
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