El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires se reunió este sábado en Merlo, en un encuentro marcado por la ausencia de su titular, Máximo Kirchner, y en medio de una agitada interna que busca, paradójicamente, alcanzar un acuerdo de unidad.
La cúpula partidaria, enfrentada por el liderazgo y las estrategias futuras, definió una delegación compuesta por Verónica Magario, Mariel Fernández, Federico Otermín y Gabriel Katopodis para sellar un frente electoral de cara a las próximas elecciones provinciales. Esta decisión, que mantiene la misma composición de 2023, busca garantizar la equidad de representación entre los diversos sectores del peronismo, aunque las tensiones por imponer condiciones se mantienen.
La necesidad de unidad emerge, según admiten fuentes de ambos lados de la "grieta peronista", tras la confirmación de la condena a Cristina Kirchner. Sin embargo, este imperativo choca con las ambiciones de cada facción. A pesar de que se facultó a Máximo Kirchner para la conformación del frente, trascendió que la propia Cristina Kirchner desistió de esa potestad para evitar "herir las susceptibilidades del gobernador" Axel Kicillof, lo que revela la delicada balanza de poder dentro del espacio.
La designación de la delegación negociadora, que incluye referentes cercanos a Kicillof y al kirchnerismo duro, es un intento de cohesionar fuerzas ante el desafío electoral.
Previo al congreso formal, un desayuno encabezado por el intendente Gustavo Menéndez expuso las profundas diferencias. Representantes del espacio de Axel Kicillof, como Mariano Cascallares y Gabriel Katopodis, plantearon la necesidad de modificar el diseño electoral que posibilitó la reelección del gobernador en 2023. No obstante, sus argumentos no lograron rebatir la postura del kirchnerismo duro, que defendió el esquema actual. Este debate subraya la puja por el control de la estrategia electoral, con Kicillof buscando mayor margen de maniobra frente al peso del sector más alineado con Máximo Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.
Más allá de la contienda electoral, el congreso del PJ bonaerense también se pronunció sobre temas de agenda política y judicial. Se definió trabajar de manera permanente en la campaña de "Argentina con Cristina", exigiendo la libertad de la ex vicepresidenta, a quien consideran una "principal opositora al gobierno de Milei" y víctima de lo que la presidenta del PJ Nacional denominó "Terrorismo de Estado de baja intensidad". Asimismo, se reclamó la inmediata liberación de Eva Mieri y el cese de la persecución a militantes y dirigentes peronistas, reafirmando una postura crítica hacia el Poder Judicial y el actual gobierno nacional.
Las tensiones internas del peronismo bonaerense quedaron nuevamente expuestas en un encuentro paralelo en José C. Paz, donde varios intendentes criticaron la decisión del gobernador Axel Kicillof de desdoblar las elecciones. Argumentaron que el actual "contexto cambió" debido al deterioro económico y los "embates del gobierno nacional", lo que obliga a repensar la estrategia electoral. La preocupación radica en la posibilidad de "plebiscitar una elección provincial con sábana corta" mientras la gestión de Milei ataca sistemáticamente a la provincia, sugiriendo la necesidad de unificar la votación para evitar una dispersión de fuerzas que podría perjudicarlos.
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