Un giro inesperado sacude la investigación sobre la jueza Julieta Makintach, quien renunció tras el escándalo por la filmación secreta de un documental durante el juicio por la muerte de Diego Maradona.
José María Arnal Ponti, presidente de Ladoble SA, la productora a cargo de "Justicia Divina", presentó un escrito ante los fiscales de San Isidro que investigan si la magistrada cometió un delito, afirmando categóricamente que Makintach estaba al tanto de la grabación y había dado su aprobación.
La declaración de Arnal Ponti contradice directamente la versión de la jueza, quien había negado la existencia del documental y solo reconoció haber autorizado el ingreso a la sala de audiencias a Juan Manuel D’Emilio y María Lía Vidal Aleman por ser un escritor "maradoniano" y haber participado únicamente en una entrevista con Vidal Alemán.
Un Proyecto de $800.000 Dólares con Conocimiento Judicial
Según el testimonio de Arnal Ponti, el proyecto de un documental sobre el juicio por la muerte de Maradona, "desde la perspectiva de uno de los jueces que intervendría", fue acercado a Ladoble SA por Juan Manuel D’Emilio en febrero. "Desde el minuto cero en que tomé contacto con el proyecto del documental, se me fue aclarado por quienes lo ofrecieron que la jueza Makintach estaba en conocimiento del mismo, de su guión y que había prestado conformidad para su realización", sostuvo el productor. El costo estimado del documental, según Arnal Ponti, ascendía a 800.000 dólares.
La conexión entre la jueza y el proyecto se estableció a través de María Lía Vidal Aleman, coautora del guion junto a D’Emilio. "Vidal Aleman, conforme también me lo hizo saber desde un principio el señor D’Emilio, era amiga desde la infancia de la jueza Makintach... relación a partir de la cual se habría gestado la idea original", detalló Arnal Ponti. Este vínculo es crucial, ya que Makintach había omitido mencionar esta cercanía al estallar el escándalo.
Grabación "Acordada y Autorizada"
Arnal Ponti afirmó que, si bien nunca se reunió directamente con la jueza para la planificación del documental, el día de la grabación, el domingo 9 de marzo en los Tribunales de San Isidro, la presencia de la magistrada y la coordinación del ingreso al edificio público junto a su custodia policial, le confirmaron que la actividad estaba plenamente autorizada.
"La presencia en la grabación de -nada menos que- la jueza, el ingreso en un edifico público un día domingo junto y merced a ella, a la vista del personal policial que allí se encontraba, sumado a las filmaciones que de su persona se hicieron en diferentes lugares del inmueble, ratifica que no se trataba, al menos para mí, de una actividad clandestina y mucho menos ‘desautorizada’ o prohibida. Todo lo contrario", enfatizó el productor.
Además, Arnal Ponti relató que, ante el tumulto en las puertas del Tribunal, la jueza envió a su custodia a buscar al equipo de filmación, incluyendo a un camarógrafo freelance con una cámara "imposible de disimular". Durante el debate, se tomaron "planos aislados de la jueza sin importar el audio ni el hilo del juicio".
Sin Beneficio Económico Directo para la Jueza
Respecto a las posibles ganancias del documental, Arnal Ponti aclaró que, en caso de venta y beneficios, estos serían repartidos en partes iguales entre la productora, D’Emilio y Vidal Aleman. "Subrayo asimismo que respecto de las conversaciones que mantuve con el nombrado sobre este punto, jamás se me mencionó o se involucró o se sugirió una participación de la jueza en las posibles ganancias", sentenció el productor.
La declaración de José María Arnal Ponti añade una pieza clave a la investigación y complica aún más la situación legal de la exjueza Makintach, mientras los fiscales de San Isidro continúan desentrañando los pormenores de este polémico documental.
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