El fiscal Taiano dice tener elementos para asegurar que se trató de un homicidio y espera la desclasificación de documentos de inteligencia para identificar a posibles involucrados.
A 10 años de la muerte del fiscal federal Alberto Nisman, que fue hallado en el baño de su departamento en Puerto Madero el 18 de enero de 2015 sin vida producto de un disparo en la cabeza, la Justicia aún intenta determinar quiénes ejecutaron su supuesto asesinato, que la hipótesis de la fiscalía que conduce Eduardo Taiano.
Se trata de un expediente que en estos años pasó de la justicia ordinaria a la federal y que giró de la hipótesis del suicidio al asesinato, aunque aún resta identificar a los autores materiales del hecho. Para Taiano, los elementos probatorios recabados en este tiempo permiten afirmar que “Nisman fue víctima de un homicidio” y que “su muerte estuvo motivada en su laboral en la UFI-AMIA”.
En el documento se hace particular énfasis en el rol que tuvieron los servicios de inteligencia y en los peritajes aún pendientes que podrían arrojar certezas sobre incógnitas del caso, que aún está lejos de elevarse a un eventual juicio oral.
De la Justicia ordinaria a la federal y el giro del suicidio al asesinato
La causa por la muerte del primer titular de la UFI AMIA se originó el mismo día del hecho en el fuero ordinario de la Capital Federal, a cargo de la jueza Fabiana Palmaghini y la fiscal Viviana Fein, y desde entonces enfrenta un largo derrotero judicial que combina un complejo entramado sobre el rol de los servicios de inteligencia, peritajes enfrentados y más dudas que certezas.
Tras las reiteradas denuncias por los errores en la investigación, la jueza Fabiana Palmaghini desplazó en marzo de 2016 a Fein de la causa y envió el expediente al fuero federal. Ese mismo año, la Corte Suprema de Justicia de la Nación le dio la razón a la jueza y aseguró que se trataba de la muerte de un fiscal federal en ejercicio de sus funciones, por lo que debía intervenir dicho fuero.
Tras el fallo de la Corte, la causa quedó a cargo del juez Julián Ercolini y del fiscal federal Eduardo Taiano. La primera medida tomada desde Comodoro Py fue encargar un nuevo peritaje, esta vez a cargo de Gendarmería Nacional que determinó que “habrían participado terceras personas ajenas a la víctima, que además intentaron simular su suicidio”. Con esta hipótesis, que se mantiene en la actualidad, los nuevos responsables de la causa echaron por tierra la hipótesis inicial de un suicidio. Lo llamativo de este peritaje es que se realizó enteramente con imágenes de videos, sin contacto con el cuerpo del fallecido fiscal.
Con los resultados de ese peritaje, la hipótesis de Ercolini es que en la muerta de Nisman participaron “una o más personas -aún no identificadas- ingresaron al departamento donde residía y, luego de reducirlo, fue trasladado hasta el baño ubicado en el cuarto principal de la vivienda donde se le habría dado muerte a través de un disparo en la cabeza ejecutado mediante un arma de fuego marca ―Bersa Calibre 22″.
Bajo esa premisa, el juez procesó al perito informático Diego Lagomarsino por “homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego”. El colaborador de Nisman fue quién le acercó el arma con la que se produjo el hecho. También fueron procesados los custodios de Nisman por “encubrimiento agravado” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, por haberse retirado del lugar y dejar sin protección al fiscal.
La Justicia sostiene la hipótesis del asesinato pero busca a los autores materiales del hecho
“Los autores del homicidio -desconocidos hasta el momento- lograron exitosamente franquear el ingreso y el egreso del edificio al entrar y salir sin ser vistos, consumando la maniobra estudiada y poniendo en evidencia la precariedad del control privado”, reiteró Ercolini.
En este sentido, la fiscalía de Taiano analiza información que fue encontrada en la computadora de un exagente de la Policía Federal Ariel Zanchetta y en la que hay datos sobre individuos que habrían estado involucrados en el supuesto asesinato. Incluso se investiga un posible robo en las oficinas de la exAgencia Federal de Inteligencia de documentación que guardaría relación con la investigación del atentado a la AMIA y la muerte de Nisman.
En este marco se solicitaron nuevas medidas de prueba:
Ordenes de presentación a empresas telefónicas para obtener registros entrantes y salientes de llamadas de 100 líneas
Se reciben testimonios de agentes que mantuvieron comunicaciones el fin de semana de la muerte de Nisman.
Se analizan el movimiento de una flota de autos vinculada a posibles espías, que recorrieron la zona de Puerto Madero ese 18 de enero de 2015.
Se analiza el accionar de personal de inteligencia del Ejército en los días previos, durante y luego del homicidio de Nisman.
Se espera acceso a información del Sistema de Inteligencia Nacional vinculada a identidades y datos personales de exfuncionarios de inteligencia (desclasificación de documentos de la exSIDE).
Fuente TN
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