SARMIENTO
La Fiscal Rita Barrionuevo, el abogado de fiscalía Matías Ayuzo y la abogada adjunta del Ministerio de la Defensa Pública Rosa Sánchez, coincidieron en peticionar al juez Ariel Quiroga, la aplicación del instituto de suspensión de juicio a prueba para Nadia Janett Sisterna y Bárbara Micaela Sisterna acusadas como partícipes necesarias del delito de chantaje.
Las partes propusieron que por un período de tres años, las hermanas Sisterna, se presenten en seis ocasiones ante el cuerpo de delegados de control de Trelew. También deben realizar un pago de cincuenta mil pesos cada una en favor de la víctima. Asimismo, requirieron que se dicte una orden de prohibición de contacto y acercamiento de ambas imputadas con el damnificado y la obligación de no cometer nuevos delitos. Luego de escuchar las fundamentaciones de los representantes de la fiscalía y la defensa pública, el magistrado, hizo lugar a la aplicación del beneficio.
En la ocasión, la abogada defensora, dio lectura al escrito presentado en el que solicitó que se incorpore a las imputadas al instituto de suspensión de juicio a prueba. Luego, explicó las condiciones que permiten fundamentar el pedido.
A su turno, Ayuzo no formuló oposición al requerimiento e informó que la víctima estaba de acuerdo con la reparación ofrecida.
En este marco, el juez Quiroga, les explicó a las hermanas Sisterna cuáles eran las obligaciones reglas de conducta que a las que debían someterse durante los próximos tres años. También indicó que consecuencias podrían sufrir en el caso de incumplimiento.
Por su parte, las procesadas, manifestaron que entendían la situación y asumían el compromiso requerido por el instituto.
El caso
La investigación del caso realizada por el Ministerio Público Fiscal, ubica el inicio del caso entre los meses de junio de 2021 y enero de 2022.
En ese período, el damnificado utilizó la red social Facebook y estableció contacto con una usuaria identificada como “Aldana Gutiérrez”.
Luego de intercambiar varios mensajes, continuaron la comunicación en la red social WhatsApp. En ese contexto, intercambiaron fotos y videos íntimos.
En tanto, el 20 de agosto de 2021, el denunciante recibió una llamada de WhatsApp. Cuando respondió, una persona se identificó como “Danilo Sepúlveda” y le manifestó que era el abogado de la familia de mujer con la que había intercambiado mensajes íntimos. A ello, el presunto abogado, agregó que los padres de “Aldana Gutiérrez” habían descubierto la situación y exigían una suma de 130.000 pesos para “arreglar”. En caso contrario, presentarían una denuncia en su contra. Asimismo, el “letrado” le indicó que, por tratarse de una menor de edad, la causa penal terminaría con una pena de prisión.
A los fines de evitar una denuncia en su contra, la víctima accedió a la exigencia y transfirió el dinero al número de cuenta que le dictó el supuesto abogado.
En este marco, la representante de Fiscalía, sostuvo que el número de CBU al que fue enviado el dinero pertenece a la cuenta bancaria de Natalia Soledad San Martín.
“El Fiscal Báez”
Una semana después de la primera llamada, el denunciante fue contactado nuevamente por la persona que se presentaba como abogado de la familia Gutiérrez.
En esa ocasión, le informó que la menor de edad se encontraba internada. También le manifestó que habían iniciado acciones penales en su contra por los delitos de “grooming” y “pornografía infantil”.
Esta vez, para resolver la situación el pedido de dinero ascendió a la suma de 300.000 pesos, a realizar en dos pagos. La línea investigativa del Ministerio Público Fiscal, estableció que el número de CBU donde se recepcionaron las transferencias corresponde a una cuenta bancaria a nombre de Nadia Sisterna.
Por otra parte, refirieron que el 20 de septiembre de 2021, la víctima, recibió un nuevo mensaje de WhatsApp.
En el contenido del mensaje, una persona se presentó como “Daniel Báez”. Asimismo, le expresó que se desempeñaba como fiscal y que tenía que hablar con él.
Al establecer la comunicación telefónica, el presunto fiscal, le manifestó que para mediar y archivar la causa que había ingresado a su oficina, la víctima tendría que realizar una nueva transferencia bancaria.
Para ello, le dio un número de una Clave Bancaria Uniforme (CBU) que pertenece a la imputada Bárbara Sisterna. En esa oportunidad, el damnificado, realizó cuatro envíos de dinero.
Fuente: MPF Chubut
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