El presidente tomó posesión de su segundo mandato en un acto de investidura que contó con la presencia de distintos mandatarios
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inició su segundo mandato este sábado con un poder casi absoluto y sin oposición, pero confrontado al desafío de mantener la seguridad en el país y lograr la prosperidad económica que prometió.
Bukele, un milenial de 42 años, prestó juramento en una ceremonia en el Palacio Nacional, en el centro histórico de San Salvador, a cuya plaza fueron convocados sus simpatizantes.
Este ex publicista de ascendencia palestina emprende otro mandato de cinco años tras pulverizar a la oposición y obtener un histórico 85% de votos en las elecciones de febrero, donde también ganó casi todo el Congreso (54 de 60 escaños).
Asiduo en las redes sociales donde se ríe de quienes le llaman “dictador”, tiene a su favor el resto de poderes estatales, incluidos magistrados que le permitieron buscar la reelección pese a estar prohibida en la Constitución.
Tendrá aún más poder porque los diputados aprobaron recientemente una reforma que le facilitará hacer cambios constitucionales, incluso, según analistas, habilitar la reelección indefinida.
El costo de la seguridad
En una América Latina azotada por la violencia criminal, Bukele es el presidente más popular, según una encuesta regional, gracias a sus políticas de “mano dura” contra las pandillas, que varios gobernantes, como Daniel Noboa (Ecuador) y Xiomara Castro (Honduras), han tratado de emular.
Ambos asisten a la investidura, igual que el presidente Santiago Peña (Paraguay) y Rodrigo Chaves (Costa Rica), y el rey Felipe de España, entre otros. Pero los focos están sobre el argentino Javier Milei, con quien Bukele comparte su simpatía hacia el ex presidente estadounidense Donald Trump, la agenda conservadora y el gusto por los golpes de efecto.
Bukele asegura haber sanado al país del “cáncer” de las pandillas, a las que declaró la “guerra” y construyó una megacárcel: desde marzo de 2022, El Salvador vive bajo un estado de excepción que deja 80.000 detenidos sin orden judicial.
Human Rights Watch y Aministía Internacional denuncian muertes, torturas y detenciones arbitrarias. Casi 8.000 han sido liberados, miles por ser inocentes.
El costo de la seguridad la paga “la población detenida injustamente”, resume el coordinador de la Comisión de Derechos Humanos, Miguel Montenegro. Para Bukele, que llegó al poder en 2019 con un 53% de votos, su reciente triunfo arrollador muestra que los salvadoreños quieren seguir bajo el régimen de excepción.
Fuente Infobae con información de agencias
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