La mesa chica de la central obrera discutirá el martes cómo seguirá el plan de lucha y la relación con el oficialismo, mientras crece el temor por una contraofensiva libertaria para acorralar al sindicalismo. Todos hablan de una reforma laboral que nunca llega
¿Se abrió otra etapa en la relación entre el Gobierno y la CGT luego del paro del jueves pasado? Hay algunos indicios, aunque nadie arriesga pronóstico alguno en ese vínculo signado por los desencuentros. Al día siguiente de la segunda huelga general en cinco meses, directivos cegetistas retomaron los contactos con referentes libertarios. Hubo promesas de reuniones reservadas con un telón de fondo: la mayoría de los dirigentes gremiales quiere evitar un paro de 36 horas.
La CGT ya golpeó al Gobierno con un récord de dos paros generales y tres movilizaciones callejeras en 154 días de gestión y también negoció con funcionarios, aunque de manera solapada: por eso el oficialismo accedió a recortar la reforma laboral incluida en la Ley Bases y a flexibilizar la negativa a homologar paritarias como las del Sindicato de Camioneros que excedían los topes oficiales.
El Gobierno está detrás del impulso parlamentario al proyecto de ley de los diputados de la UCR que restituye los artículos de la reforma laboral libertaria que más afectan la caja y los intereses de los gremios. La iniciativa fue presentada en abril pasado, mientras el oficialismo accedía a recortar los cambios laborales de la Ley Bases que irritaban a la CGT. Ahora, la dirigencia gremial fue alertada por sus diputados amigos de que la iniciativa radical comenzará a ser tratada en comisión con el guiño de La Libertad Avanza.
Ese proyecto causa espanto en las filas sindicales: prohíbe las cuotas solidarias, clave del financiamiento de los gremios con los aportes de todos los trabajadores, no sólo de los afiliados; limita la huelga en servicios esenciales como la educación, pone en jaque la ultraactividad de los convenios colectivos y penaliza las asambleas que se convierten en paros encubiertos, entre otros puntos.
En el radicalismo insistirán con su iniciativa, aunque admiten que esperan saber qué modificaciones introduce el Senado a la Ley Bases: como hipótesis de máxima, no descartan que se incorporen algunos artículos de la propuesta laboral. Del lado del PRO también tienen la expectativa de que, una vez que termine el debate de las dos leyes que más le interesan hoy a Milei, puedan avanzar los proyectos de reforma laboral presentados por Cristian Ritondo y Verónica Razzini, sobre todo el que limita el cobro de la cuota solidaria y el que sanciona los bloqueos contra las empresas.
De todas formas, las versiones sobre el impulso a la iniciativa laboral de la UCR o del PRO parecen más una amenaza velada que una venganza posible de concretarse: el oficialismo aún está penando para tratar de que el Senado apruebe la Ley Bases y el paquete fiscal y, ante las dificultades para conseguir mayoría de votos, sus referentes admiten que sufrirán cambios y deberán volver a Diputados.
Es curioso que la reforma laboral vuelva a estar en el radar de la política y el sindicalismo como pocas veces en los últimos años, pero los resultados nunca lleguen a cristalizarse. El Gobierno comenzó con una propuesta dura en ese rubro como parte del DNU 70, pero la frenó la Justicia y se resignó a una “modernización laboral” light, con 42 artículos menos, para congraciarse con el sindicalismo.
Casi en soledad, el secretario adjunto del Sindicato de Peajes, Facundo Moyano, predica desde hace cuatro años la necesidad de adecuar las leyes laborales para revertir más del 40% de trabajo no registrado y ahora sigue buscando consenso para que se acepte debatir la “adecuación” de las leyes laborales: tras reunirse con gobernadores del PJ como Raúl Jalil (Catamarca) y Claudio Vidal (Santa Cruz), la semana pasada tuvo un encuentro con el mandatario del PRO Rogelio Frigerio (Entre Ríos).
Hasta la CGT, cuyos dirigentes tenían urticaria cada vez que se hablaba de reforma laboral, pidió especialmente al Gobierno que rebautizara su propuesta como “modernización laboral” y hace dos semanas presentó con mucha timidez una serie de cambios en la legislación laboral en su documento “Agenda para un nuevo contrato social”. Allí figuran una nueva normativa de accidentes de trabajo, una ley del primer empleo con beneficios impositivos a las pequeñas y medianas empresas que contraten personal y un programa nacional de lucha contra el trabajo precario, la informalidad y el trabajo infantil. ¿Alcanza para superar los problemas de trabajo en la Argentina? Probablemente no, pero el hecho de que la CGT proponga debatir la legislación laboral es toda una revolución.
También sería un hecho revolucionario si la dirigencia cegetista no se encarnizara contra los gobiernos no peronistas con oleadas de paros y movilizaciones y fuera tan tolerante como se mostró durante los 4 años de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, a quienes ni le hicieron ninguna medida de fuerza aunque dejaron el poder a fines de 2019 con una inflación acumulada del 1020 por ciento y un 40% de pobreza. Claro que, como contrapartida, también se necesita un poder político que dialogue y negocie. El paro del jueves puede marcar el comienzo de algo distinto. O más de lo de siempre.
Fuente Infobae
Dejanos tu comentario
Su comentario estará disponible a la brevedad.