La medida la ordenó el juez federal Julián Ercolini e incluye también a la histórica secretaria del ex presidente. Asimismo, el magistrado solicitó informes a la SIGEN, a la Jefatura de Gabinete y a Nación Seguros, entre otras reparticiones
El juez federal Julián Ercolini activó esta tarde una serie de medidas de prueba en el marco del escándalo por la trama de contrataciones por parte del Estado nacional a Nación Seguros, en donde habrían actuado intermediarios y empresas privadas. Entre otras cosas, pidió los registros migratorios del ex presidente Alberto Fernández, de su secretaria histórica, María Cantero, y de su esposo, el broker Héctor Martínez Sosa, entre otras personas.
También quiere saber las salidas y los ingresos del país del ex titular de Nación Seguros Alberto Pagliano, el broker Pablo Andrés Torres García, y del empresario Juan Manuel Manganaro, quien surge como acreedor del ex presidente en su declaración jurada. En principio, Migraciones deberá informar los movimientos desde 2021 hasta la actualidad aunque más adelante podría ampliarse el período de investigación, pudo saber Infobae de fuentes judiciales.
Además de ser el esposo de la secretaria histórica de Fernández, Martínez Sosa le prestó USD 20 mil dólares y era un visitante frecuente en la quinta de Olivos durante la cuarentena. El empresario también está vinculado al automovilismo. De hecho, es uno de los principales sponsors de Agustín Canapino, uno de los mejores pilotos de la actualidad.
Su empresa tiene más de 50 años. Comenzó en Buenos Aires pero rápidamente se instaló en Río Grande (Tierra del Fuego), donde obtuvo monopolio de los seguros durante al dos menos dos gestiones. Primero fue elegido como intermediario en el gobierno de Jorge Colazzo. “A fines de 2008, durante el gobierno de Fabiana Rios, se dio de baja esa contratación y recibimos todo tipo de presiones”, recordó un ex funcionario consultado por Infobae. En 2020, el gobernador Gustavo Melella firmó un contrato de asesoramiento con el broker y le cedió nuevamente el control de todos los seguros. Esa relación se mantiene en la actualidad.
Entre otras cosas, le juez Ercolini le pidió a la Superintendencia de Seguros de la Nación una copia de los informes de auditoría vinculados con el decreto 823 /2021, y las contrataciones de seguros por parte del Estado con la firma Nación Seguros. Ese decreto es el que habría habilitado la maniobra, que ahora se investiga, porque obligaba a todas las reparticiones públicas a contratar con Nación Seguros.
Sin embargo, el ex presidente dijo ayer que ese decreto “terminó el negocito” de algunos. “En el 2021 yo saco una norma para terminar con el negocio de los seguros en el Estado y digo en esa norma que todos los bienes y riesgos del Estado se aseguran con Nación seguros y que esto se hace en forma directa sin intermediarios. De ese modo terminé con el negocito que podía hacer alguno”, sostuvo en declaraciones a La Red.
La causa judicial comenzó con una denuncia de la abogada Silvina Martínez, quien acusó a Alberto Fernández y a Alberto Pagliano, ex titular de Nación Seguros. La presentación se basa en un artículo publicado por el diario Clarín en donde se detallaba que dentro de la ANSES se descubrió un negocio de 20.000 millones de pesos anuales y 300 millones en comisiones mensuales con los seguros y las comisiones de los intermediarios.
Tras la imputación del fiscal Ramiro González, el juez avanzó con una batería de medidas y le pidió a la División Operaciones Federales de la Policía Federal que se presente dentro de las próximas 24 horas en Nación Seguros para llevarse “una copia de todas las contrataciones de seguros o convenios celebrados entre el Estado Nacional y las jurisdicciones y entidades comprendidas en el artículo 8 de la Ley N° 24.156, por un lado, y “NACIÓN SEGUROS SA”, por el otro, en los que se haya dado participación en forma de coaseguro o reaseguro a otras entidades autorizadas a operar en materia de seguro, como consecuencia de lo establecido en el artículo 4 del Decreto N° 823/2021 del 2 de diciembre de 2021; como así también de las actuaciones administrativas de las entidades contratantes de las pólizas que se vinculen con las designaciones de productores asesores de seguros (directos u organizadores) en el marco de tales contrataciones”.
Pagliano condujo Nación Seguros durante los cuatro años del gobierno anterior y mantiene una estrecha amistad con Alberto Fernández desde los 90′, cuando ambos empezaron en el rubro de los seguros.
Según su última declaración jurada, de 2022, tiene un patrimonio de más de 120 millones de pesos, siempre tomando en cuenta los valores fiscales de las propiedades. Entre los bienes que declara aparece una casa en la Ciudad de Buenos Aires de 300 m2, campos en Mendoza, y más de 300 mil dólares en una cuenta bancaria.
Ercolini también pidió, a través de una orden de presentación, la nómina de empresas que actuaron como coaseguradoras o reaseguradoras, y un listado de todos los productores asesores de seguros (directos u organizadores) que participaron en las operaciones.
Además, le requirió a la SIGEN y a la Auditoría General de la Nación (AGN) una copia de los informes de auditoría relacionados con el decreto 823/2021 y de los informes anuales elevados a la Jefatura de Gabinete.
En paralelo, le pidió al organismo a cargo de Nicolás Posse y a la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia “los antecedentes, actuaciones y/o dictámenes jurídicos relacionados con el dictado del Decreto N° 823/2021, publicado el 2 de diciembre de 2021″.
Fuente: Infobae
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