Al filo del plazo que el país tenía para justificar su reclamo, los abogados presentaron un escrito ante la jueza de Nueva York Loretta Preska. El Gobierno está obligado a pagar US$16.100 millones por el fallo adverso.
Mientras sigue el camino de la apelación al fallo que obliga a la Argentina a pagar US$16.100 millones en el juicio por la expropiación de YPF, los abogados del país presentaron ante la jueza de Nueva York Loretta Preska el pedido para evitar embargos sin depositar una garantía, por el total de la sentencia,
Como había informado TN, la información llegó sobre el final del plazo que le había dado la magistrada, que falló a favor de los demandantes, entre ellos el fondo Burford. Los argumentos presentados apuntan a la falta de capacidad financiera y de recursos para hacer frente a la garantía. La semana pasada, Preska dijo que no evaluaría la solicitud mediante audiencias sino por escrito.
Ahora, los demandantes tienen tiempo de enviar su escrito de 20 páginas hasta el 2 de noviembre y que la Argentina podrá responder nuevamente hasta el 7 del mismo mes, en un máximo de 15 páginas. “La decisión de la jueza Preska será alrededor del 15 de noviembre”, indicó el analista de Latam Advirsors, Sebastián Maril, quien sigue el detalle del proceso desde el inicio.
En el escrito, de 18 páginas, el estudio que representa al Estado argentino describe la situación actual de la Argentina, con foco en los efectos de la sequía sobre el saldo comercial, los dólares disponibles y también en las obligaciones que tiene el país con otros acreedores, entre ellos el FMI.
“Las circunstancias son extraordinarias, no solo por el tamaño sin precedentes de la sentencia, sino también porque el deudor de la sentencia es una nación soberana con muchos acreedores preexistentes en todo el mundo”, señala el escrito presentando ante Preska.
Además, se remarca que el país “no tiene la capacidad financiera recursos para depositar” la garantía y añade, entre otras argumentaciones, que el país no cuenta con el dinero. Ejemplifica que la sentencia representa ocho veces el presupuesto anual del Ministerio de Salud o 14 veces el presupuesto de agua potable.
También los abogados argumentaron que el país no puede salir a tomar deuda (mediante la emisión de un bono) para poder dar cumplimiento al depósito de garantía: “Es una imposibilidad práctica debido a las actuales circunstancias financieras de la República, no existen fuentes de financiamiento para financiar o asegurar el monto de la sentencia este año”.
Además, plantearon que si la jueza no acepta el pedido argentino se van a “desencadenar inmediatamente amplios procedimientos de discover, embargo y ejecución que serán difícil, sino imposible, de revertir si la República prevaleciera en la apelación en cualquier aspecto importante”.
En consecuencia, resaltaron que “debido a todas las circunstancias inusuales, incluido el hecho de que el deudor es Estado soberano, el tribunal debe suspender todos los procedimientos relativos a la ejecución de la sentencia en espera de apelación y renunciar al requisito de depositar una garantía” por el total de la sentencia.
Avances hacia la apelación del fallo por la expropiación de YPF
Además de la presentación de este jueves, los abogados de la Argentina se encuentran en pleno proceso para intentar revocar la sentencia adversa de la jueza Loretta Preska, ante la Corte de Apelaciones. Mientras los demandantes buscan volver a implicar a YPF en el juicio.
La Argentina presentó una declaración previa a la apelación en la que formuló siete preguntas sobre ejes que los abogados pretenden discutir acerca del procedimiento y el fallo en primera instancia de Preska.
-Foro no apropiado: la Argentina considera que el juicio no debió hacerse en Estados Unidos.
-Respeto de las leyes entre naciones.
-Inmunidad soberana: un recurso que ya fue rechazado en otros litigios, como el de los holdouts.
-Aplicación incorrecta de las leyes argentinas en el fallo.
-Interpretación incorrecta de las leyes argentinas en el fallo por parte de la jueza Preska.
-Los demandantes no tenían derecho a presentar la demanda porque ya no poseían acciones de YPF en 2015, cuando inició el juicio.
-La jueza hizo mal el cálculo de la indemnización por US$16.100 millones.
Fuente: TN
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