Estela Hernández busca incluir el delito de negacionismo en el Código Penal Argentino

La diputada nacional por Chubut, Estela Hernández -foto- presentó un proyecto de ley para modificar un apartado de un artículo del Código Penal para permitir poder sancionar las “actitudes negocionistas y/o apologistas de genocidio y crímenes de lesa humanidad”.

A esos efectos, la legisladora busca modificar el título del Capítulo VI, del Título VIII del Libro Segundo del Código Penal, el que -si prospera la iniciativa- quedará redactado de la siguiente manera: “Capítulo VI. Negacionismo de los delitos de genocidio y de crímenes de lesa humanidad”. 

Y por otra parte, el proyecto de Hernández busca incorporar como artículo 213 ter, en el Capítulo VI del Título VIII del Libro Segundo del Código Penal, lo siguiente: a) Será reprimido con prisión de dos meses a dos años, el que públicamente negara, minimizara, justificara o reivindicara la ocurrencia del Terrorismo de Estado en Argentina que implicó la puesta en práctica de un plan sistemático de desaparición, tortura, muerte y apropiación de niños durante el período en la República Argentina, entre los años 1976 y 1983, y en general negara, minimizara, justificara o reivindicara los delitos contemplados en los artículos 6, 7 y 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y en los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional y/o de quienes fueran condenados por delitos de lesa humanidad. b) Los funcionarios públicos que hubieren incurrido en el delito previsto en el primer párrafo, sufrirán además inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena”. 

Actitudes reprochables que deben tener un reflejo en la ley penal

En los fundamentos de su proyecto, Hernández señala que con dicha iniciativa se propone la modificación de un título de un artículo del Código Penal Argentino con el propósito de sancionar cualquier manifestación pública que niegue, minimice, justifique o apruebe un hecho de genocidio o un delito de lesa humanidad.

La diputada nacional por Chubut recuerda que el 24 de marzo de 2004, durante el acto de firma del convenio para la creación del Museo de la Memoria, el entonces presidente de la Nación, Néstor Kirchner expresó: “Vengo a pedir perdón en nombre del Estado nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia tantas atrocidades. No es rencor ni odio lo que nos guía, sino justicia y lucha contra la impunidad”. 

Con estas palabras, afirmó Hernández, el Estado Nacional reconoce la existencia de un “terrorismo de Estado” que se reflejó en la búsqueda de la Verdad, Memoria y Justicia.

“El respeto al Estado democrático en Argentina se basa en el respeto de la Constitución Nacional y la declaración de los Derechos Humanos” expresa Hernández en la fundamentación de su iniciativa. Y agrega: “Son 46 años de luchas por el Nunca Más a los Golpes Militares y a los crímenes atroces del Terrorismo de Estado que instauraron de manera sistemática delitos tales como desapariciones forzadas, muertes, apropiación de niños y niñas nacidos en cautiverio, la cárcel y el exilio de miles de personas, entre ellos artistas, científicos, militantes, obreros, sindicalistas, periodistas, docentes, hombres y mujeres que sufrieron en carne propia, con su vida y los sobrevivientes que junto a sus familias aún sufren las secuelas de esta etapa nefasta de nuestro país”. 

Y continúa: “Los frecuentes comentarios públicos que ponen en duda la existencia del plan sistemático de desaparición, tortura, muerte y apropiación de bebés por parte del Terrorismo de Estado en Argentina entre los años 1976-1983, no cesan y causan un grave daño a toda la sociedad que comprende que, en un estado democrático y de derecho, estas actitudes resultan reprochables y por tanto deben tener un reflejo en la ley penal argentina”.

Por ello, “por respeto a las víctimas, a la sociedad, a la memoria y en pos de la consigna de Nunca Más, Memoria, Verdad y Justicia y a la imagen de la República Argentina ante la comunidad internacional consideramos que es fundamental adaptar la legislación nacional al estándar internacional en materia de derechos constitucionales y basada en los derechos humanos” señala la legisladora nacional.

Más adelante puso en valor que “con las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en su lucha ejemplar, incansable e inclaudicable de la búsqueda de la Verdad, Memoria y Justicia como guía y mediante la decisión política de avanzar con los procesos judiciales se dio respuesta a la legítima necesidad de justicia debida no solo a las víctimas de aquel genocidio y a sus familiares sino a toda la sociedad en su conjunto". 

Al respecto, se recuerda en los fundamentos del proyecto, “en diferentes provincias del país se iniciaron 217 causas, de las cuales tienen dictada sentencia 72 de ellos en los que se procesan a 1943 acusados. A la fecha hay 302 sentenciados, donde el 44% resultaron sentencias de prisión o reclusión perpetua. Entre los delitos por los cuales se los acusan son: privación ilegítima de la libertad, torturas, delitos por apropiación de menores, delitos contra la integridad sexual, asociación ilícita y homicidio. Los acusados cometieron sus delitos en función de sus cargos como parte de las Fuerzas del Estado: Armada, Ejército, Gendarmería, Policía Federal, Fuerza Aérea. Estas condenas reflejan una realidad de esa parte de la historia que nunca puede ser reivindicada".

Y continúa: "Por lo que se considera que es importante, a más de 40 años del regreso de la democracia, desterrar toda expresión, que públicamente pretenda legitimar, reivindicar, minimizar o negar los mecanismos empleados por el Terrorismo de Estado, plenamente probados y acreditados en numerosos juicios llevados a cabo en todo el país, con sentencias firmes y en plena ejecución” concluye la fundamentación de Hernández, no sin antes solicitar “a mis pares, me acompañen en la sanción del presente proyecto”.