Fue luego de que el edil radical presentara un mandamiento de ejecución, similar al amparo, para que se responda a un pedido de informes de su autoría que fue aprobado por el Concejo el 24 de septiembre del año pasado. Lo deberá hacer el secretario de Gobierno, Federico Ruffa, en el plazo de 5 días. Cáceres observó, además, que el convenio nunca fue ratificado por el cuerpo legislativo.
El Juzgado de Ejecución Número 2 de Trelew emitió esta semana un fallo por el cual hizo lugar a una demanda presentada por el concejal de la UCR, Rubén Cáceres, con el fin de que la Municipalidad responda un pedido de informes que presentó el 24 de septiembre de 2020 y que, pese a haber sido aprobado por el Concejo Deliberante, nunca fue contestado por el ejecutivo.
El pedido de informes se relacionó con el convenio que ese mismo mes se firmó entre la Municipalidad, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), la Secretaría de Trabajo y el sector empresario, para la implementación de becas de capacitación para la inserción laboral de jóvenes en las plantas del parque industrial.
En la presentación judicial realizada por Cáceres también señaló que el 19 de abril de 2021, por la falta de respuesta del pedido de informes, presentó un reclamo al intendente Adrián Maderna para que brindara detalles del convenio, basado en la Ley de Acceso a las Fuentes de Información.
En ambos pedidos se solicitaba conocer cuál sería la función de la Municipalidad en el convenio, así como en relación con las condiciones para garantizar la seguridad e higiene para los becados y, sobre todo, el rol del municipio en caso de incumplimiento del convenio por parte de las empresas involucradas, además de que se remitiera una copia del convenio suscripto por el intendente.
Cáceres mencionó en los fundamentos de la presentación judicial que el convenio nunca fue ratificado por el Concejo Deliberante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 de la Carta Orgánica.
El edil, que hizo la presentación del mandamiento de ejecución en su rol de ciudadano de Trelew, resaltó la importancia del fallo judicial: “Es trascendente el fallo, ya que reconoce y garantiza el derecho a la información sobre los actos de Gobierno, tanto de los ciudadanos en general como de los concejales”.
“Seguramente -agregó- va a colaborar para que esta gestión sea un poco más transparente, materia en la que tiene una enorme deuda con la comunidad de Trelew. Espero que de aquí en adelante no tengamos que recurrir nuevamente a la Justicia cada vez que necesitamos datos o documentación”.
La jueza María Andrea García Abad dictaminó que es el secretario de Gobierno, Federico Ruffa, el responsable de responder al pedido de informes, por lo cual se lo condenó al funcionario de la Municipalidad para que en el plazo de 5 días desde la notificación, se le facilite a Rubén Cáceres la información y documentación requerida, en función de su carácter público.
A raíz de la escasez de información pública relacionada con el convenio, Cáceres se reunió hace menos de un mes con el titular del STIA, Luis Núñez.
Allí dejó en claro que “la responsabilidad de garantizar la transparencia en las gestiones es del Gobierno local, que debe solicitar la ratificación del acuerdo al Concejo Deliberante, tal como lo manda la Carta Orgánica”.
En la firma del acuerdo, cuyo texto nunca se publicó, además, estuvieron, según la información oficial difundida el año pasado, representantes de la Subsecretaría de Pesca, de la Secretaría de Trabajo de la Provincia, y del sector empresario.
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