EN EL MARCO DE PANDEMIA
La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI) le enviaron al diputado nacional chubutense expresiones de adhesión. La propuesta beneficia a empleadores de personas de riesgo exceptuadas de ir a trabajar.
El diputado nacional Gustavo Menna recibió de distintas cámaras empresariales el apoyo explícito al proyecto de ley que presentó para, en el marco de la pandemia, otorgar un crédito fiscal a los empleadores que hayan sostenido puestos de empleo de personas con factores de riesgo en su salud que han sido exceptuadas de la obligación de concurrir a trabajar.
«Uno de los primeros decretos dictados por Nación desde que se inició la pandemia estableció la suspensión de la obligación de ir a trabajar de todos aquellos empleados en relación de dependencia que tuvieran algún factor de riesgo», precisó, en declaraciones a FM del Lago, de Esquel.
MENNA CONSIDERÓ QUE ESA MEDIDA ES CORRECTA, «PORQUE TODOS SABEMOS QUE EL CONTAGIO DEL COVID PUEDE TENER CONSECUENCIAS GRAVES» PARA AQUELLAS PERSONAS CON ENFERMEDADES PREEXISTENTES.
«Ahora -aclaró- esta cuestión se viene prolongando desde marzo del año pasado. Y hay muchísimas empresas con mucha dotación de personal». Lo que decimos -agregó- es que por esta erogación que ha soportado el empleador debe reconocérsele un crédito fiscal con el cual pueda compensar los saldos mensuales de IVA, los anticipos de Impuesto a las Ganancias, el saldo anual de Ganancias y las contribuciones patronales, con lo cual ponemos un poco de justicia a esta situación», ya que «no puede ser que todo este costo se le cargue al empleador».
CONSULTADO AL RESPECTO, MENNA ESPECIFICÓ QUE EL CRÉDITO FISCAL PROPUESTO «SE FORMA CON LO QUE YA SE PAGÓ DESDE MARZO DEL AÑO PASADO Y CON LO QUE SE SEGUIRÁ PAGANDO MIENTRAS DURE LA NORMA».
Y aclaró que «el proyecto exceptúa el caso de quienes no van a trabajar pero sí prestan servicios de forma remota», debido a que «en ese caso hay contraprestación, pero en los demás casos entiendo que es de toda justicia».
«Es una discusión que necesariamente hay que dar porque existe mucha comodidad desde el Estado en determinar soluciones que pagan otros», finalizó.
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