El kirchnerismo y Massa intervienen para apaciguar la crisis de Chubut

El conflicto económico y social en Chubut es una brasa caliente para el Frente de Todos en plena campaña electoral.  Aunque el gobernador  Mariano Arcioni, no es kirchnerista -de hecho es amigo de Sergio Massa- en el imaginario colectivo y en la necesidad de Juntos por el Cambio de sumar puntos es un mandatario opositor que gestional mal, tiene protestas en la calle, el Estado parado y no puede hacer frente de manera normal al pago de los sueldos.  Y la izquierda lo presenta como un anticipo de los tiempos por venir si gana el FdT que, para ese sector, es ajuste y caos.

Este combo de factores hacen que para la campaña de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, la situación en Chubut sea un problema. Porque si el peronismo de la provincia, distanciado de Arcioni, cede al reclamo de los gremios de un juicio político, quizás encuentren una salida, pero podría generar un problema en la alianza del kirchnerismo con Massa a nivel nacional.  Y si no cede al pedido de juicio político necesitan que Arcioni abra el diálogo a la oposición, cosa que hasta ahora no pasó, para llegar a una salida consensuada.

“La provincia tiene un problema económico y uno político”, dijo en diálogo con PERFIL Carlos Linares, el intendente de Comodoro Rivadavia, kirchnerista, enfrentado con Arcioni. “No creo que la salida sea un juicio político, la salida es el diálogo”, agregó.

En esa búsqueda de consensos, Eduardo “Wado” de Pedro, diputado nacional y asesor de Alberto y Cristina, decidió intervenir y llamó a diferentes actores políticos de la Provincia. Podría haber una reunión el lunes en Buenos Aires, en la que quizás no esté Alberto pero sí Wado y el gobernador Arcioni, junto a Norberto Yauhar (ex ministro nacional y referente político) y el propio Linares.

Hay quienes dicen que el propio Massa hizo llamados a Arcioni y que Arcioni fue perjudicado por una quita de fondos del gobierno nacional y sugirió que eso pudo haber sido una venganza por su mala relación con Mauricio Macri. La provincia tiene un déficit de 2300 millones, en parte porque la masa salarial aumentó en menos de un año de 1800 millones de pesos a 4300 millones de pesos.

Los sindicatos de docentes y estatales de Chubut se preparan para continuar con el conflicto abierto con la gobernación por los problemas en el pago de sueldos. A partir del lunes, entrarán en su décima semana de protestas con paros en la educación, asambleas en los organismos públicos y retención de tareas en los hospitales de la provincia.  Esta semana, las acciones de protestas estuvieron marcadas por el luctuoso fallecimiento de dos trabajadoras de la educación, Cristina Aguilar y Jorgelina Ruiz Díaz, por un accidente de tránsito en la ruta 3 cuando volvían de una protesta por el conflicto salarial. El martes, se sumó el dolor por esta noticia a la información sobre un proyecto para aumentar el sueldo de la administración provincial, a cargo del gobernador Mariano Arcioni. La noche terminó con incidentes frente a la legislatura provincial, que fue parcialmente quemada. 

El gobernador de Chubut envió un proyecto para aumentarse un 100% el sueldo. Los gremios nacionales sumaron su adhesión al conflicto provincial. La Ctera realizó el jueves el segundo paro en solidaridad con los educadores de la provincia austral. Mientras que la UDA hizo lo propio el viernes.  “Es un conflicto que comenzó en julio cuando se anunció que no se pagaría el aguinaldo en tiempo y forma, ni se cumpliría el acuerdo paritario que se había firmado”, explicó  el secretario general de ATE Chubut, Guillermo Quiroga. El dirigente apuntó que, además de los problemas por el retraso en el pago de salarios, había fuertes retrasos en el pago a prestadores médicos de la obra social, lo que traía más problemas. 

Esta semana, los trabajadores hospitalarios sumaron nuevos acampes frente a los centros de salud, mientras se sostenía una protesta permanente frente a la legislatura. Diversos sectores reclamaban la salida del gobernador Arcioni a través del mecanismo de juicio político. Durante toda la semana hubo acusaciones cruzadas con el gobierno nacional al que desde la provincia acusan de retacear recursos, mientras las autoridades nacionales atribuyen toda la culpa al gobernador.  Al conflicto se sumó ayer también la justicia: el juez de Familia de Rawson, Martín Alesi, hizo lugar a un recurso de amparo que exigía a las autoridades que garanticen el servicio de educación. El magistrado decidió enviar el amparo al gobierno central interpretando que es el Estado nacional quien lo debe garantizar, informó ayer la agencia Télam.  Fuente www.perfil.com