Los jueces consideraron el sobreseimiento dictado por jueza Capuchetti en denuncia de Ercolini por supuesta venta del Grupo Indalo que no ocurrió.
“(Germán) Garavano le requirió al juez (Julián) Ercolini nuestra detención por orden de Mauricio Macri”, disparó el empresario Fabián De Sousa al comienzo de su exposición en indagatoria durante la audiencia de ayer del juicio oral por Oil Combustibles. Su declaración precedió la decisión del Tribunal Oral Federal N°3 de excarcelarlo, junto a Cristóbal López, apenas unas horas después de que quedara firme el fallo de la jueza María Eugenia Capuchetti que los sobreseyó por el presunto traspaso accionario del Grupo Indalo cuando mediaba una medida cautelar y una inhibición general de bienes.
Fue un revés que deja en una situación cada vez más delicada a Ercolini, que ordenó sus detenciones a fines de 2017. Tras 20 meses de investigación, se concluyó que esos delitos no habían existido, lo que liberó al TOF para disponer las excarcelaciones anoche en el expediente principal.
En ese marco reiteró la “persecución” a la que fue sometido todo su grupo económico y la ligó a la reciente denuncia que formuló el titular del Grupo América, Daniel Vila sobre presunta extorsión del Presidente que quedó en el mismo juzgado que tramita la denuncia de De Sousa contra Macri y gran parte de su Gabinete.
Sus liberaciones no serán inmediatas dado que resta resolverse dos pedidos de prisión preventiva dictados por Claudio Bonadio en el marco de la causa “cuadernos” y sus desprendimientos. Ya no hay ningún empresario que permanezca detenido en ese expediente, sobre todo después de que la Cámara Federal instara al juez a establecer el mecanismo de fianzas y ante la inminencia de las elevaciones a juicio.
Insólitamente, la justicia demoró casi dos años en establecer –mediante pericias y requerimientos de toda índole- que nada de lo que había denunciado Ercolini como delito flagrante había existido. Y que la autorización para el traspaso de acciones que el juez había identificado como un ardid en curso, en realidad era un pedido de autorización para traspasar esas acciones.
El TOF 3, con dictamen fiscal favorable, dispuso la excarcelación ante el derrumbe de la causa donde se los mandó a detener en dos ocasiones, la segunda luego de que la Cámara de Casación revocara lo dispuesto por la Cámara Federal y que los jueces Jorge Ballesteros y Eduardo Farah terminaran eyectados. Dato: pese a la denuncia de Ercolini y que tres jueces tuvieran a su cargo el caso durante este lapso, nunca se los había citado a prestar declaración indagatoria para que dieran explicaciones.
En 10 carillas, los jueces resolvieron por sus propios votos dijeron que “variaron sustancialmente” las condiciones por las cuales se les dictó la prisión. “El temperamento adoptado deja sin sustento el riesgo procesal”, apuntó el juez Fernando Machado Pelloni.
“Entiendo que corresponde hacer lugar a la excarcelación bajo caución juratoria”, indicó por su parte el juez Javier Ríos. “En razón de las consideraciones antes expuestas, y no habiendo existido a lo largo de la tramitación de este expediente riesgo procesal de fuga alguno, no deviene lógica la caución solicitada por el representante de la acción pública”, indicó por su lado el juez Andrés Basso. Aun así consideró que se debe imponer una restricción de salida del país dado que se encuentra vigente el juicio oral.
Fuente: Ámbito Financiero
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