SARMIENTO
La Fiscal Laura Castagno, solicitó al juez Alejandro Rosales, que rechace el pedido del Defensor Público Marcelo Catalano, respecto de la aplicación del instituto de suspensión de juicio a prueba para un sujeto de veinte años (R.W.G), imputado como presunto autor de delitos de abuso sexual que tuvieron como víctimas a tres menores de edad. Los hechos ocurrieron entre los meses de marzo y abril de 2022. En este marco, el magistrado, dispuso un cuarto intermedio a los fines de analizar los fundamentos expresados por los representantes del Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa. Luego, a través de la Oficina Judicial, informará su resolución a las partes.
Al inicio del acto judicial, el asesor legal del acusado, desarrolló el contenido de su propuesta de suspensión de juicio a prueba. En este sentido, explicó que el instituto de suspensión de juicio a prueba encierra obligaciones como la de reparar el daño causado y la sumisión a reglas de conducta, que implican una reducción de derechos.
Después, el abogado Marcelo Catalano, propuso que la suspensión de juicio a prueba se imponga por el plazo de dos años. Durante ese período, el acusado, deberá realizar presentaciones cada dos meses ante el Cuerpo De Delegados de la circunscripción judicial de Sarmiento o un organismo de similar competencia en la provincia de San Luis.
También, en nombre del imputado, ofrecieron una reparación económica de cien mil pesos para cada una de las familias de las menores víctimas. A ello, agregó que su asistido deberá concurrir a talleres de capacitación y concientización, en temas de abuso sexual y violencia. Asimismo, mantener voluntariamente la asistencia al tratamiento psicológico que esta realizando.
Por otra parte, indicó que, en caso de ser necesario, el imputado afrontaría el costo económico del tratamiento psicoterapéutico de las víctimas. Finalmente, sostuvo que se debe mantener la orden de prohibición de contacto entre el acusado, las víctimas y sus grupos familiares.
En este contexto, informó que el acusado se auto inhabilita para dirigir técnicamente equipos de fútbol de divisiones infanto - juveniles. Este procedimiento, incluye la notificación correspondiente a la Liga de Fútbol de la provincia de San Luis y el área correspondiente de la Asociación del Fútbol Argentino (A.F.A).
La Fiscalía se opone
A su turno, la Fiscal Laura Castagno, manifestó que en la acusación pública oportunamente presentada, se acusó al imputado por los delitos de abuso sexual simple y abuso sexual simple agravado por convivencia pre existente. Las agresiones sexuales fueron cometidas contra tres menores de edad.
Con respecto a la pretensión punitiva de los acusadores, recordó que van a solicitar la aplicación de una pena de cuatro años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo.
Luego, fundamentó adecuadamente su oposición, desarrollando argumentos de política criminal de la Procuración General, fallos del Superior Tribunal de Justicia y artículos de la Constitución Nacional.
Antes de finalizar la audiencia, las abogadas Gabriela Francisco y Sofía Maestro, en representación de la Asesoría de Familia, también se manifestaron en contra de la propuesta del Defensor Público.
En este marco, el magistrado Rosales, indicó que, mediante la oficina judicial, informará su decisión a las partes
El imputado participó mediante conexión remota desde la provincia de San Luis. En tanto, los familiares de las víctimas estuvieron presentes en la sala de audiencias, acompañados por la abogada Laura Mansilla del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (S.A.V.D).
El caso
Los representantes del Ministerio Público Fiscal, investigaron a R.W.G (20) imputado como presunto autor de al menos tres hechos de abuso sexual. Las víctimas fueron tres niños de diez años de edad. Según consta en la pieza de acusación pública, el acusado, se desempeñaba como profesor de un equipo de fútbol infantil al que asistían las víctimas. A ello, agregaron que los abusos sexuales ocurrieron entre los meses de marzo y abril de 2022, en la vivienda de una de las madres de los niños.
Fuente: MPF Chubut
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