Pondrá el foco en los evasores, en las actividades y en los contribuyentes de mayores recursos y en reducir la informalidad para cobrar más impuestos, como el IVA
El plan económico consensuado con el Fondo Monetario Internacional contempla que la AFIP mejore su recaudación en poco menos de 2 puntos del PBI hacia 2023 en términos reales. En tanto, este año, según fuentes del organismo recaudador, la entidad quiere sumar $11 billones. Para lograrlo, crecerá la presión impositiva y habrá cambios en algunos gravámenes, pero la mayor apuesta, según explican en la entidad, es cobrar más a los deudores, evasores, a actividades y contribuyentes de mayor capacidad adquisitiva y a los que no pagan por estar en la informalidad.
“Le prometí a Dios hacer m... a los evasores”, gritó Carlos Tacchi, exsecretario de Ingresos Públicos durante la época de Carlos Menem y Domingo Cavallo, en un programa de televisión. El plan de la AFIP lleva ese espíritu.
La agencia que conduce Mercedes Marcó del Pont estuvo trabajando en una hoja de ruta para lograrlo. Es uno de los compromisos de Martín Guzmán con el FMI, por lo que se publicará un documento a fines de este mes con los detalles. LA NACION accedió a un informe preliminar que contiene las principales herramientas de las que se valdrá la AFIP para engrosar los pesos disponibles para el Estado.
Establece una máxima a seguir. El trabajo consistirá en “desplegar nuevas herramientas para mejorar la recaudación a partir de la ampliación de la base imponible de los sectores de mayor capacidad contributiva”, asegura el informe.
Este tipo de planificaciones existen hace tiempo, pero la AFIP no había puesto en marcha ninguna desde que asumió Alberto Fernández. El último “Plan Estratégico” estuvo vigente hasta 2019. Fuentes oficiales explicaron que desde ese entonces se estuvo trabajando con lineamientos distintos a los que regían bajo el gobierno de Mauricio Macri.
“A lo largo de los últimos dos años sentamos las bases para un cambio cualitativo en la administración tributaria. Nuestro trabajo no va a empezar cuando se firme el entendimiento [con el FMI], sino que se inició hace dos años con un proceso de reconstrucción de capacidades y recursos que habían sido intencionalmente desarticulados y debilitados durante la gestión macrista”, cuestionaron fuentes de la AFIP.
El documento preliminar reconoce que “subsisten deficiencias y problemas” en la administración del organismo. Da cuenta de esto la estimación de incumplimiento del impuesto al valor agregado (IVA). Según la AFIP, sólo logra cobrar cerca de un 38% del potencial de recaudación.
El plan de la agencia se desarrolla en cuatro ejes: promoción del cumplimiento voluntario, detección y disuasión del incumplimiento, desarrollo de inteligencia y tecnología fiscal y fortalecimiento de las capacidades operativas y transversales de gestión.
Los funcionarios de la AFIP creen que tienen una ventaja política para lograrlo con la colaboración de otras áreas por la familiaridad que une a Marcó del Pont con dirigentes con los que trabajó en el pasado, como Miguel Pesce, presidente del Banco Central, o Matías Kulfas, a cargo del Ministerio de Desarrollo Productivo.
Las mejoras se esperan en la recaudación por IVA (0,6% del PBI más) y Ganancias (0,4% del PBI más). El problema con mejorar los ingresos a partir del primer tributo -el que genera la mayor cantidad de pesos para el Estado- es que, según tributaristas y especialistas, requiere ejercer presión sobre sectores informales. Por caso, cuatro de cada 10 puntos de venta en la Argentina son almacenes y autoservicios, muchos de los cuales no cumplen con todos los requisitos de inscripción impositiva.
Con respecto a Ganancias, el Gobierno ve una “erosión de la base imponible”. Fuentes de la AFIP explicaron que trabajarán en conjunto con el FMI para poder determinar bien “la magnitud del problema” y diseñar estrategias de control. La brecha que quieren medir es respecto de quienes tienen “mayor capacidad contributiva”.
¿Qué es la brecha de cumplimiento? Se trata de la diferencia entre lo que la AFIP efectivamente recauda y lo que podría recaudar, según sus cálculos. Esa diferencia se da por evasión, elusión, mora y omisiones o errores involuntarios.
El desarrollo de nuevas herramientas estará enfocado en:
Control de facturas apócrifas: es una de las prioridades de la AFIP. Busca reducir las facturas falsas o comprobantes fiscales, CFDI, que simulan cumplir con las formalidades.
Fiscalizaciones electrónicas automáticas: en la AFIP le dicen “el robotito”. Cruza “sistemas masivos” de información para detectar irregularidades en operaciones como liquidación de granos y leche o bienes en el exterior.
Controles integrales de actividades económicas relevantes: abarca la comercialización de granos y economía digital. En el caso de la primera, ya entró en vigencia una carta de porte electrónica. Antes, los transportistas tenían una en papel que, según la AFIP, era muy fácil de falsificar, subdeclarando los granos o mintiendo respecto de su trayecto. Otra medida tiene que ver con la implementación de controles satelitales para detectar cosechas y plantaciones que no están pagando todos los impuestos que deberían.
Detección de bienes y capitales en el exterior: busca sacar más provecho de la información recibida en el marco del intercambio automático de datos con más de 90 países sobre cuentas financieras de argentinos en el exterior.
Detección de maniobras abusivas de precios de transferencia: fuentes oficiales explicaron a LA NACION que volvieron a instalar 20 grupos de productos con precios de referencia para exportación e importación para evitar que los comercializadores sobrefacturen o subfacturen sus operaciones. De acuerdo con la AFIP, habían sido eliminados durante la época de Macri para “liberar las fronteras”. El plan contempla crear más grupos de productos.
Desarticulación de planificaciones fiscales nocivas. Se trata de prácticas de elusión, que no necesariamente implican un delito.
Además, se buscará fortalecer el sistema de control aduanero, la capacidad fiscalizadora de seguridad social, la lucha contra el trabajo informal e ilegal, la universalización del pago electrónico, las declaraciones juradas preelaboradas y desincentivar el uso de las criptomonedas.
Fuente: La Nacion
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