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Masiva marcha por el crimen del kiosquero


  • Lunes, 08 de Noviembre de 2021

RAMOS MEJÍA

Ocurrió en medio del reclamo por el asesinato de Roberto Sabo.



El crimen de Roberto Sabo, padre de mellizos, ocurrió el domingo pasado al mediodía en la zona más céntrica de Ramos Mejía y a tres cuadras de la sede policial.

En el kiosco de la Avenida de Mayo al 800, en esa ciudad bonaerense, entraron un hombre y una adolescente de 15 años, ambos armados, y sorprendieron al trabajador: pidieron la plata de la caja, le mostraron un revólver y lo mataron de, al menos, un disparo en la cabeza.

Luego, la pareja asesina robó un remis, chocó el auto y robó una moto para escapar. El raid violento ocurrió en menos de 15 minutos y terminó con la pareja detenida.

Después, una marcha de vecinos improvisada a la comisaría de la zona donde reclamaron justicia y seguridad, terminó con empujones y gritos contra los efectivos policiales.

Tras el repudio de los vecinos y familiares, el ministro de Seguridad bonarense, Sergio Berni, afirmó este lunes que el crimen del comerciante "no fue una cuestión policial". Y no descartó renunciar tras las elecciones del domingo próximo.

"Yo entiendo el dolor de un padre, de todos los vecinos, porque es terrible pasar por una situación así, pero ayer no fue una cuestión policial. La Policía lo detuvo, forcejeó con el delincuente a la salida", afirmó en diálogo con radio La Red.

"No fue asesinado gracias a la política de liberar presos. Es gracias a un sistema que no funciona, que tiene que ver con lo cultural, con lo económico... Hay un factor cultural muy importante, hay una degradación social muy importante", añadió.

El ladrón que mató a Sabo se negó esta tarde a declarar ante el fiscal de la causa, (lloró y pidió que por favor no le "pidan prisión perpetua".

"Por favor no me pida la perpetua, me quiero morir", suplicó Leandro Daniel Suárez, de 30 años, en medio de una crisis de llanto, según confirmaron fuentes judiciales a Clarín.

El ladrón había estado seis años preso por un robo a mano armada y había recuperado la libertad en agosto de 2020.

El fiscal Federico Medone, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Homicidios de La Matanza lo imputó por "homicidio agravado criminis causae y por el arma", "robo calificado -dos hechos-", "hurto de vehículo", "portación ilegal de arma de fuego de uso civil", todo ello "agravado por la participación de un menor", un delito que prevé la pena máxima, agregaron las fuentes consultadas a este diario.

 

Fuente: Clarín

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