• Miércoles, 13 de Diciembre de 2017

Procesan a Alejandra Gils Carbó por la compra del edificio de la Procuración


  • Jueves, 12 de Octubre de 2017

Lo decidió el juez Ercolini y es por administración fraudulenta. Además la embargó por $ 7 millones.



Por primera vez la Procuradora General de la Nación cuenta con un procesamiento por corrupción. El juez federal Julián Ercolini procesó a Alejandra Gils Carbó como coautora del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, por la compra de un edificio en la calle Perón al 600, para que funcionen las oficinas de la procuración. Por el inmueble se pagaron 43 millones de pesos y se abonaron comisiones millonarias que rondaron los 10,7 millones de pesos.

El juez además embargó a la jefa de los Fiscales nacionales, por 7 millones de pesos. Otros cuatro imputados terminaron procesados, entre ellos el segundo de la funcionaria, Guillermo Bellingi.

Alejandra Gils Carbó acorralada por la presión constante del Gobierno para que dé un paso al costado en su cargo, ya que consideran que no es imparcial por su simpatía declarada con el kirchnerismo, ve ahora más complicado su escenario judicial al terminar procesada por la compra del edificio de la calle Perón.

En la resolución de más de 200 páginas, el juez Ercolini consideró que la Procuradora General de la Nación, fue coautora del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, que implica una pena de dos a seis años.

El procesamiento fue por la compra del edificio que escondió para la justicia, un entramado fraudulento. Se buscó dar "un viso de legalidad" a algo "que habría estado decidido de antemano, previo acuerdo con ejecutivos de la sociedad propietaria del edificio, Arfinsa Argentina Financiera SA".

 

Ercolini consideró que la Procuradora y el subdirector Guillermo Belling "violaron consciente y voluntariamente los deberes" de funcionarios públicos. En el caso del segundo, fue el responsable de "modificar los términos de la licitación", de forma tal que la operación inmobiliaria quedara despejada para comprar el edificio.

De forma directa o través de intermediarios, los funcionarios "idearon y llevaron a cabo un complejo plan orientado a adquirir directamente para el Ministerio Público Fiscal, bajo la simulación engañosa de una licitación pública, el edificio de la calle Perón 667", consignó el magistrado.

La operación investigada se concretó por 43.850.000 pesos​ y según la resolución, contó con la intervención "dolosa y fundamental" de Bárbara Jaureguiberry (encargada de firmar el contrato por la inmobiliaria) y Juan Carlos Thill (productor de seguros que participó como intermediario y medio hermano de Bellingi). El procesamientos también los incluyó con embargos de $5 millones.

Por ello, el juez consideró que que Gils Carbó y su funcionario "se interesaron en miras de la obtención de un beneficio, tanto para aquellas personas como para sí mismos".

Mediante la maniobra, según indicó el juez, se generó "de modo deliberado un lucro indebido para algunos de sus intervinientes", que como contrapartida "conformó un perjuicio patrimonial apreciable para el Estado nacional".

Durante toda la operación inmobiliaria que para Ercolini fue "simulada" y que todo el tiempo "estuvo direccionado su proceso licitatorio", se pagó una comisión de 7,7 millones de pesos a Jaureguiberry que a su vez pagó otra comisión de 3 millones de pesos por asesoramiento a Juan Carlos Thill.

 

Además, la Justicia sostuvo que la compra fue por un "monto significativamente mayor a los 27 millones de pesos que se hubieran pagado de haberse concretado la operación relativa a la licitación pública N° 17/2012, que sólo dos meses antes había sido dejada sin efecto".

La Justicia sostiene que todo estuvo “direccionado desde su inicio, mediante la confección de un pliego hecho a la medida de las características que presentaba el inmueble cuya adquisición estaba decidida de antemano y pactada con la vendedora”.

La procuradora dijo que vio tres inmuebles en el proceso: uno por fotos, otro de la calle San José del que tenía referencias porque ya se había presentado, un edificio de Suipacha “que había visitado en diciembre”, también un inmueble de la calle Chacabuco “que visito” y, finalmente, “un inmueble de Perón que visito, era un edificio histórico”.

El hecho de visitarlo, que después varios de los oferentes no se presenten, y que el de la calle Perón fue el último en conocer y el que finalmente se adquirió, despertó sospechas en la Justicia. “Ya habían indicado que estuvo en el edificio y lo admitió en su indagatoria, lo que puede reforzar la idea de que el proceso estuvo direccionado”, dijeron en la justicia a Clarín.

En la causa se señaló que durante todo el proceso se buscó que “la oferta que hiciera Arfinsa sea la que obtuviera mejor puntaje y resultara adjudicataria”. Por ello el concurso público fue planteado como “una simulación” y que todo habría estado decidido de antemano, “previo acuerdo con ejecutivos de la sociedad propietaria del edificio”.

La semana pasada decidió modificar su defensa que estuvo a cargo de Alejandro Rua (abogado de Cristina Kirchner y de Héctor Timerman en la causa po​r encubrimiento del atentado de la AMIA). El letrado León Arslanián es quien la representará en caso de que la causa llegue a juicio oral.

Fuente: Clarín

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